La jugada le ha salido mal al letrado de uno de los empresarios acusados en el 'caso Taula'. ¿Tiene formación en contabilidad?, le ha preguntado al jovencísimo agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que declaraba como testigo perito en la décima sesión del juicio por la pieza J del 'caso Taula'. Un grado, dos másteres, postgrados y formación interna del Instituto Armado, ha respondido el investigador. Siguiente pregunta.
Los abogados de las defensas han intentado, sin éxito, que aflorara alguna contradicción, error o despiste por parte de los encargados de las pesquisas de la pieza separada J del 'caso Taula' sobre la financiación de tres campañas electorales del PP por parte de una empresa pantalla de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. “Son muy buenos”, reconocía uno de los penalistas a la salida de la sesión.
Alfredo Rodríguez del Blanco, el abogado del empresario Rafael García Barat, durante un larguísimo interrogatorio a los dos agentes de la UCO, ha protagonizado varios rifirrafes con la magistrada de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que preside el tribunal. “Está tremendamente contestado lo que pregunta”; “Estamos reiterando muchísimo”; “Evite hacer los comentarios, se lo vengo diciendo desde el inicio de la sesión”; “No discuta, formule preguntas”; “Lo ha explicado hasta la saciedad”. Son algunas de las numerosas advertencias de la magistrada al letrado.
—Están tratando de explicárselo, pero a usted no le gusta lo que contestan— le advertía la presidenta del tribunal.
—Siguiente pregunta —continuaba el joven letrado con gesto serio.
—Eso es.
En un ambiente soporífero, con los letrados cabizbajos y alguno incluso descansando la vista por momentos, los agentes de la UCO han desgranado cómo tiraron del hilo de la facturación de las empresas de Marcos Benavent y de sus testaferros. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha pedido que se escuchara en la sala uno de los audios que aportó el exsuegro del 'yonqui del dinero' y que sirvieron para armar el 'caso Taula'. Mientras se escuchaba la conversación grabada por Benavent con la fallecida edil popular María José Alcón, el acusado se revolvía en su rincón del banquillo con gestos nerviosos.
La empresa Thematica Events SL, una firma pantalla del 'yonqui del dinero' “para adquirir contratos”, facturó con la Fundación Jaume II El Just mientras Benavent estaba destinado en la entidad creada por Francisco Camps para brindar al pueblo valenciano con un centro espiritual (453.000 euros en 2005; 885.000 en 2006, y 447.000 euros en 2007). En su primer destino como “recaudador” arrambló con unas comisiones del “2% o 3%, según explicaron otros agentes de la UCO en la sesión anterior del juicio. Cuando Marcos Benavent fue nombrado gerente de Imelsa, su empresa pantalla pasó a facturar a la empresa pública de la Diputación de Valencia (291.000 euros en 2008). Una empresa, dos destinos.
El acusado, durante la larga fase de colaboración con la UCO y con la Fiscalía Anticorrupción, contó que Thematica Events SL realizó actos electorales para la campaña municipal en Montcada de Juan José Medina, entonces número dos de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia. En uno de los audios reproducidos en la sala se escucha: “Acaban de hacer un bolo en Madrid con Ana Botella de puta madre”.
Medina, según relató el 'yonqui del dinero', “se había negado a pagar” y, finalmente, se tuvo que abonar el gasto por parte de Imelsa, empresa pública de la institución provincial epicentro del saqueo del 'caso Taula'. Además de los trípticos de la campaña municipal del PP, la firma asumió los gastos por los 50 kilos de caramelos con el logotipo del PP e inserciones publicitarias en los diarios Levante-EMV y Las Provincias.
Los agentes de la UCO localizaron en los registros del 'caso Taula' un archivo de Excel con el título “Caja” y con una contraseña. “El archivo estaba cifrado y tuvimos que romper la contraseña”, ha dicho uno de los agentes. El documento reseñaba la “salida de dinero en efectivo” para abonar la campaña, incluyendo “taxis, chófer” e incluso el “papel higiénico”.
La mecánica se reprodujo en una campaña en Vilamarxant y en las elecciones generales del año siguiente. “Se paga a través de sobrecostes y facturas simuladas a Imelsa”, ha explicado el instructor del informe de la UCO, quien ha destacado el “importante” papel de Marcos Benavent al ser gerente de Imelsa y ostentar el 40% de las participaciones de la empresa Thematica Events SL.
“El PP no abonó esos trabajos y tampoco los declaró al Tribunal de Cuentas”, ha apostillado el guardia civil. Además, los agentes han relatado que Benavent confesó en sus declaraciones iniciales que “le gustaba la zona de Jávea y quiere adquirir un apartamento”, por lo que se hace con la firma Berceo Mantenimientos SL, con el presunto testaferro Jaime José Úbeda como hombre de paja. Con los fondos de Thematica Events SL paga 192.000 euros por el apartamento, comprado a un empresario del grupo mediático que creó Eduardo Zaplana, y otros 15.263 euros por la plaza de aparcamiento asociada a la vivienda.
Todo el dinero proviene de la firma que facturaba a Imelsa y se vehicula a través de Berceo Mantenimientos, una sociedad sin trabajador alguno ni mucho menos actividad real. La mercantil abonaba una especie de nómina al testaferro arrepentido José Estarlich a pesar de que no estaba dado de alta en la Seguridad Social. “Recibe dinero por prestarse a dar su nombre para que Marcos Benavent no figure en la factura”, ha explicado uno de los agentes de la UCO.
“Son datos objetivos, no elucubraciones”, le ha espetado uno de los agentes de la UCO al entusiasta letrado Alfredo Rodríguez del Blanco. Tras casi cinco horas de declaración, los agentes han guardado la documentación que portaban y han podido abandonar la sala. Ninguno de los letrados de las defensas ha podido pillarlos con el pie cambiado. Incluso el abogado del PP, Jorge Carbó, se ha acercado a saludarlos amigablemente al final de la sesión.