La denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por el alcalde de Callosa del Segura, el socialista Fran Maciá, por las amenazas de muerte sufridas en redes sociales hace ahora justo un año llevarán al banquillo de los acusados a dos hombres firmantes de las publicaciones. Los comentarios vinieron motivados por las noticias en torno a la inminente retirada de la Cruz de los Caídos de una plaza del pueblo que acabaría efectuando el gobierno local a finales de enero de este año en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.
El juzgado de Orihuela acogerá el 26 de febrero el juicio por amenazas leves contra dos varones que publicaron en la página de Facebook de la “Plataforma en Defensa de la Cruz” que habría que “pegarle un tiro a ese alcalde de mierda”, según afirmó uno de ellos, mientras que el otro anteriormente había escrito: “Les volvemos a hacer otra visita relámpago a la sede de IU!! Esta vez con un escarmiento, les amordazamos con pastillas de jabón en la boca y torturamos”.
Recuerda Maciá en la denuncia que esa “visita relámpago” existió y tuvo lugar dos semanas antes de dichas amenazas, el 26 de octubre de 2017, cuando se pintó con lemas de “Arriba España” y el símbolo falangista del yugo y la flecha la fachada de la sede de Izquierda Unida, unos hechos que también fueron denunciados.
Posteriormente, una vez retirado el monumento, también han aparecido pintadas con una cruz roja en las fachadas de los hogares de dos concejales de IU y Somos Callosa, respectivamente, organizaciones que forman parte del gobierno local. Dichos comentarios en Facebook fueron borrados por los administradores de la página, que condenaron el insulto o amenaza como forma de expresión.
Con la investigación abierta por la Guardia Civil se dará inicio al juicio en febrero al haberse considerado plausible que los autores habían manifestado de forma externa su propósito de causar un mal, explica Fran Macía a través de un comunicado. Con la apertura del procedimiento judicial como delito de amenazas leve, los dos acusados podrán ser castigados con la pena de multa de uno a tres meses, conllevando antecedentes penales.
El regidor asegura sentirse “satisfecho” de que dicha denuncia y la posterior investigación culmine en apertura de juicio, ya que entiende “que no todo vale en política ya que determinadas opiniones pidiendo muerte y tortura a personas por la aplicación de una norma legal no son admisibles en una sociedad democrática, donde existen alternativas para manifestar posiciones diferentes dentro de los cauces legales y respetando las ideas y opiniones de todos, valorando que una vez más en este caso de aplicación de la ley de memoria histórica en Callosa de Segura reciben como equipo de gobierno el amparo legal”.