José Luis Olivas Martínez (Motilla de Palancar, Cuenca, 1952) ha sido uno de los próceres del PP valenciano durante casi 30 años. Como otros prohombres del partido en la autonomía, casos de Carlos Fabra o Rafael Blasco, tras muchos años de gloria puede cerrar su existencia con otros de miseria. Este martes da comienzo oficial su calvario judicial: se sentará en el banquillo acusado de un delito contra la Hacienda pública y otro de falsedad documental.
La acusación pública cree que Olivas, en connivencia con el empresario Vicente Cotino, urdió una operación ficticia para defraudar al fisco. El sobrino de Juan Cotino, expresidente de las Corts Valencianes, pagó 580.000 euros al expresidente de la Generalitat a cambio de un informe de tres páginas firmado por su esposa.
El documento era, en teoría, un pseudotrabajo de consultoría: se habría asesorado en la venta de unas participaciones de Cotino en una empresa de energía eólica a una de las grandes compañías del sector, Enel (antes Endesa). El asesoramento de Olivas se produjo cuando éste era presidente de Bancaja y, como tal, consejero de Iberdrola, la eléctrica en la que caja tenía acciones.
La supuesta incompatibilidad de Olivas para hacer ese trabajo, sin embargo, no está en entredicho. La fiscalía -pide tres años de prisión y más de 200.000 euros de multa a los dos acusados- cree que los 580.000 euros entregados por Cotino al expresidente de Bancaja lo fueron a cambio de nada. El asesoramiento argumentado por los procesados “no existió”, dice la acusación pública. Se hizo, al menos, para que Cotino pagara, irregularmente, menos a Hacienda.
Bankia, Banco de Valencia, Grand Coral y Valencia CF
La peligrosa relación de Olivas con Vicente Cotino puede ser el menor de los problemas para el fugaz expresidente de la Generalitat, inmerso en otras causas judiciales. Por su participación en el pufo de Bankia -la fusión forzada entre dos cajas quebradas, Bancaja y Caja Madrid- está siendo investigado por la Audiencia Nacional.
Olivas, como varias decenas de miembros del consejo de administración, está imputado por falsedad, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida y administración desleal por el fiasco de Bankia. El banco le ha costado al contribuyente más de 20.000 millones de euros.
El desastre de Bankia no es el único por el que está investigado Olivas. El rescate del Banco de Valencia -cuyo accionista de referencia era Bancaja- también podría llevar a Olivas al banquillo de los acusados. La entidad fue vendida a La Caixa por un euro y el compromiso del estado de inyectar 5.500 millones de euros. La Audiencia Nacional imputa a Olivas, y al resto del consejo de administración del banco, un delito de falsedad contable.
El juez Santiago Pedraz señaló que los catorce imputados “deben dar explicaciones sobre la diferencia (....) entre las cuentas aprobadas y revisadas” y los que realizó la Inspección del Banco de España. Este organismo detectó en 2009 “numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, en la toma de decisiones sobre refinanciaciones” concedidas a empresas de viabilidad dudosa.
Olivas también está imputado por el escándalo Grand Coral: La financiación, con más de 500 millones de dólares, de seis operaciones inmobiliarias en México. Los receptores del dinero, dos empresarios ahora en prisión, habrían desviado más de 130 millones a Andorra y Suiza. Ambos están en prisión, al igual que dos exdirectivos de Bancaja.
Olivas, tras ser detenido, quedó en libertad. Está imputado, junto con otros exdirectivos de la caja valenciana, por apropiación indebida y administración desleal. Se defendió alegando que las operaciones fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración del banco y que las garantías aportadas “cubrían y cubren los importes concedidos”.
El expresidente de la Generalitat también está imputado por la ampliación de capital del Valencia Club de Fútbol, financiada por Bancaja en 2009. Olivas abandonó a finales de 2011 sus cargos en el Banco de Valencia y Bankia, por lo que ese año cobró 656.000 euros. Pese a las imputaciones en cascada, defendió a capa y espada su gestión en su primera declaración ante la Audiencia Nacional.