Si un paciente debe asumir parte del coste de una intervención quirúrgica esta deja de ser gratuita. Este es el precepto que subraya un grupo de médicos en un escrito dirigido a la Conselleria de Sanidad del Gobierno valenciano en referencia a las interrupciones voluntarias del embarazo.
Los facultativos que suscriben el escrito reclaman al departamento que dirige Miguel Mínguez, aunque ya lo hicieron con su antecesora, Ana Barceló, que Sanidad asuma el coste de la anestesia general en caso de que las mujeres que decidan abortar lo hagan a través de una intervención en quirófano. Actualmente, indican en el texto, son las usuarias del sistema las que abonan el coste.
La normativa sobre el aborto plantea que debe ser libre y gratuito y el Gobierno busca la fórmula para que los hospitales públicos de todos los departamentos de salud alberguen esta prestación. Los médicos que impulsan el texto, Jose Luis Carbonell y Francisco Atienza, que trabajan en una clínica privada que practica interrupciones voluntarias del embarazo, consideran que esta cuestión “incumple flagrantemente la ley del aborto, que indica que debe ser completamente gratuito”.
Según la norma, si no hay contraindicación por motivos de salud o por el tiempo de gestación, las mujeres pueden optar por un aborto farmacológico -con supervisión médica- o una intervención quirúrgica, que requiere de anestesia general y se practica en el 80% de los casos, según refieren los sanitarios. Los facultativos reclaman a Sanidad un esfuerzo para garantizar que cada mujer pueda elegir el centro sanitario, público o concertado-privado, en el que quiera realizar la interrupción del embarazo, en línea con la norma legal. Según denuncian, desde 2010 el Ejecutivo autonómico implementó un sistema de “cupos” para derivar pacientes a las clínicas privadas, lo que ha llevado a la conselleria a derivar a mujeres a centros privado-concertados sin dejarles capacidad de decisión. “Creemos necesario un cambio en estos procedimientos en los que además es necesario informar de forma clara a la mujer sobre los centros y procedimientos a los que puede tener acceso”, recalcan.
Los datos obtenidos por este diario relativos a 2021, indica que el 92% de los abortos en la Comunitat Valenciana se realizaron derivados a clínicas privadas, pese a que esta es la vía excepcional que contempla la ley. El 15% de los médicos valencianos de los servicios de ginecología y obstetricia han declarado por escrito y de forma anticipada, como marca la norma, ser objetores de conciencia; un total de 73 facultativos de los 457. Sin embargo, en algunos hospitales todos los médicos se declaran objetores de conciencia, como en el Hospital General de Alicante, según el registro de la conselleria, cuestión que pone en conflicto los derechos recogidos en la ley del aborto para las mujeres.