Con un libro sobre la vida del santo Job -un virtuoso de la paciencia- en las manos durante la vista oral del juicio sobre si la trama Gürtel regaló unos trajes al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el político valenciano se salvó de la quema. Un jurado popular decidió absolverlo del delito de cohecho impropio pese a que otros dos de los beneficiarios de estas piezas de ropa cara confesaron la prebenda y fueron condenados por ello.
Fue una victoria el 26 de enero de 2012 que Francisco Camps pensaba que sería definitiva, pero que siete años después se demuestra pírrica. La Audiencia Nacional sienta en el banquillo por segunda vez al expresidente valenciano que arrasó en todas las elecciones autonómicas a las que se presentó y que consiguió el récord de escaños en los comicios de mayo de 2011 incluso estando imputado.
El juez José de la Mata concluye, después de que los cabecillas de la trama Gürtel estén ya varios años entre rejas y la propia Audiencia Nacional sentenciara que el PP valenciano se financió de manera irregular entre los años 2007 y 2008, que existe un “arsenal de indicios” para pensar que Francisco Camps era la X de la ecuación de la corrupción valenciana, el cerebro de una trama que vació las arcas de la Generalitat para enriquecerse y perpetuar la hegemonía del partido conservador en la Comunitat Valenciana.
Pero pese a que el juez concluye Camps fue quien instigó a sus subordinados a que la deuda de 800.000 euros del PP valenciano con Orange Market se saldara con contratos públicos adjudicados de manera irregular o se pagara con dinero negro por parte de contratistas, el expresidente no será juzgado por financiación irregular. Tampoco por malversación de caudales públicos, básicamente por los años transcurridos desde que se produjeron los hechos y las caprichosas prescripciones.
Pero sí será juzgado por otro de los tríos de ases de la corrupción perpetrada por servidores públicos: prevaricación, fraude en las administraciones públicas y tráfico de influencias. No se sentará en el banquillo por quedarse dinero público, pero sí por permitir que otros lo hicieran para que él continuara siendo un hegemónico presidente de la Generalitat.
Esta vez, Francisco Camps no tendrá que convencer a un jurado de ciudadanos valencianos, sino a un tribunal profesional que estudiará las pruebas, los indicios y las declaraciones de testigos que aseguran que Camps es responsable de la adjudicación de una docena de contratos irregulares a la trama Gürtel. Esta vez, además de un libro sobre el santo Job, Camps necesitará, parafraseando al juez José de la Mata, un “arsenal” de exculpaciones para salvarse de la condena.
Se enfrenta a penas de prisión de entre dos años y medio, según Anticorrupción, y nueve, según el PSOE. Solo falta ya que la Audiencia Nacional fije los días del juicio.