Carlos Fabra, ya fuera de la Diputación de Castellón tras 16 años ocupando la presidencia de la institución, sigue perseguido por la sombra de su gestión. Un juzgado de instrucción de Castellón le ha imputado por su peculiar forma de organizar la corrida de toros de la Beneficencia desde la corporación provincial.
Este festejo, que se organizaba anualmente con fines, en principio, benéficos, era forzosamente financiado por los municipios de Castellón, a los que la Diputación daba entradas a cambio de dinero con el que organizar el acontecimiento. El intercambio –en varias ocasiones, al parecer, forzado- se concretaba al margen de los procedimientos habituales en la administración.
Concretamente, la Diputación descontaba el valor de las entradas supuestamente regaladas de las transferencias que debía hacer a los ayuntamientos de partidas como, por ejemplo, las multas de tráfico que recauda la corporación provincial. Lo hacía “de forma unilateral y ejecutiva” y, lo que resulta más sorprendente aún, “de forma oral, sin contrato ni convenio” y alegando a una “práctica habitual”, dicen los jueces.
La Fiscalía ve indicios de malversación y prevaricación en el asunto, por lo que ha solicitado su imputación. La mano derecha de Fabra en Castellón, el exvicepresidente de la Diputacion Francisco Martínez, recientemente destituido por otro caso de supuesta corrupción, también ha sido imputado, según informa El País. Fabra, ya fuera de la vida política, abandonó el PP tras ser condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal.
Vila-real tira de la manta
El caso se destapó con la denuncia impulsada por el Ayuntamiento de Vila-real con la entrada en el gobierno de una coalición liderada por un alcalde del PSOE, José Benlloch. Éste reclamó en los tribunales casi 20.000 euros que la Diputación no había abonado al municipio porque le había dado un importe equivalente en entradas para la corrida.
Como las entradas no se habían utilizado, y el anterior equipo de gobierno, del PP, dijo haber renunciado a ellas, Vila-real reclamó. Perdió en primera instancia en la Audiencia Provincial, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dio la razón al ayuntamiento.
No sólo eso, sino que dio cuenta de los hechos a la Fiscalía por si se hubieran cometido los delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos. La corrida organizada por Fabra se convirtió en todo un clásico. Por ejemplo, la de 2001, protagonizada por el Juli, costó 25 millones de pesetas y recaudó uno para fines benéficos.
La última celebrada, la de 2011, tampoco fue mucho mejor: 200.000 euros de coste y 92.000 para diversos colectivos sociales. Sin ser un auténtico agujero negro como la obra más célebre de Fabra, el aeropuerto sin aviones de Castellón, la rentabilidad social del acto no parece evidente. La justicia dirá si además se cometió alguna ilegalidad.