El interior de la provincia de Castellón es una de las zonas de España en las que se hace más palpable la degradación demográfica a consecuencia del éxodo rural que ha tenido lugar durante las últimas décadas. De forma similar a lo que ocurre en el conjunto del Estado, la población de la provincia, 576.898 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018, se encuentra repartida de forma muy desigual, concentrándose sobre todo en la capital –un 29,62% del total- y en la costa.
En esta provincia valenciana son 65 los municipios en riesgo de extinción, es decir, que cuentan con menos de 500 habitantes. Para muchas de estas personas, población envejecida principalmente, el acceso a los denominados servicios básicos sociosanitarios, como la atención médica o los medicamentos, entraña una dificultad añadida que no sufren los habitantes de otras partes del país y que, además, supone un riesgo de exclusión añadido.
Según explica Nel·lo Montfort, médico de familia que atiende a la población de dos pequeños pueblos de la comarca de Els Ports, en una de estas poblaciones –de apenas 44 habitantes- en la que pasa consulta, no disponen de farmacia en la actualidad. “Lo que se hace es que, si yo receto algo, envío el pedido a un farmacéutico de otro pueblo y este pasa un día a la semana y trae lo que necesiten”, cuenta Montfort.
“Si el farmacéutico no tiene un determinado medicamento o no puede conseguirlo, yo dispongo de un pequeño botiquín con aquello que necesito de urgencia y lo voy repartiendo personalmente. Al final, la gente acaba yendo a Morella -la capital de la comarca-. Hay un autobús que pasa todos los jueves y tarda unos tres cuartos de hora en llegar”, afirma el médico rural.
Este es el caso de muchos pueblos de interior, en los cuales la existencia de una farmacia –como negocio privado- resulta prácticamente inviable ya que no contarían con ingresos suficientes, tanto de venta de medicamentos libre como los de receta. Las que sí existen todavía, 36 en la provincia de Castellón, son las denominadas como de Viabilidad Económica Comprometida (VEC).
Según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, una de las problemáticas que más preocupan a las farmacias con menos recursos, es el hecho de tener que asumir los costes del Sistema de Verificación de Medicamentos en aplicación de las normativas europeas, algo para lo que plantean vías de colaboración de las instituciones públicas. El Gobierno ya aprobó unas ayudas mensuales para estas oficinas que se han quedado sin actualizar desde 2011, de ahí que consideren necesario que a nivel estatal se actualicen estas subvenciones.
Para el socialista José Martí, presidente de la Diputación, es fundamental analizar la situación de las farmacias en el ámbito rural y estudiar las fórmulas que pueden aplicarse para que los habitantes de las zonas rurales sigan contando con los servicios sociosanitarios básicos. Estas medidas, afirma, deben llegar de la mano de las administraciones autonómicas, estatales y europeas.
Sin cajeros automáticos
En muchas de estas poblaciones de interior, como el caso de Castell de Cabres (Castellón), de apenas 17 habitantes, faltan servicios básicos como supermercados o cajeros automáticos. El Consell tiene previsto abordar la aplicación de un plan contra la exclusión financiera de los municipios en riesgo demográfico que han perdido todas las oficinas bancarias con la instalación a finales de año.