González afirma que no era concejala del PP cuando el Ayuntamiento de la Vall d’Uixò pagó a su gimnasio
La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixò, Yolanda González, asegura que nunca se lucró a costa del municipio ocupando un cargo público, como advierte el equipo de gobierno. Según defiende, cuando su empresa obtuvo los pagos de 24.000 euros por prestar el servicio de acondicionamiento físico a los agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, ella todavía no se dedicaba a la política local en calidad de concejala.
Así, González aclara que en cuanto “me propusieron poner mis conocimientos al servicio de la Vall, presenté voluntariamente la renuncia a la prestación del gimnasio de mi familia”. Ese anuncio se produjo con fecha 27 de marzo de 2015, según consta en un escrito del registro municipal, en el que aparece la firma del gerente de la sociedad Shotokan Sports comunicando la finalización de la vinculación. Esto es, antes de tomar posesión. La munícipe advierte, además, que el documento lo entregó a todos los ediles en comisión informativa, en la que ofreció las correspondientes explicaciones.
Cabe recordar que la semana pasada, el concejal de Hacienda y Policía, Javier Ferreres, denunció que el PP había ocultado un informe técnico de 2011, en el que se avisaba sobre la irregularidad de un contrato. El documento hacía referencia al pago de esos 24.000 euros a cargo del ayuntamiento, en las épocas de Isabel Bonig y Óscar Clavell como alcaldes, y ponía en duda la legalidad de la adjudicación y de la prestación del servicio.
El regidor socialista explicaba que la vinculación con la empresa de González no podía haberse prolongado más de un año al considerarse un contrato menor, salvo que hubiese salido a concurso público, algo que nunca ocurrió. De esta forma, en un procedimiento cerrado al que no pudieron acceder el resto de gimnasios de la localidad, el ayuntamiento, en ese momento gobernado por el PP, desembolsó 6.000 euros por ejercicio durante cuatro años.
En el informe también se cuestionaba la viabilidad del servicio. Incluso, el funcionario consideraba excesivo el precio por el uso que hacían los agentes de seguridad de la instalación deportiva.
