El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, encargado de la investigación sobre las irregularidades en la concesión del proyecto Castor por la empresa ACS –propiedad del empresario Florentino Pérez-, ha decidido el sobreseimiento de la investigación que pesaba sobre 6 miembros del consejo de administración de la mercantil Escal, entre otros.
El magistrado ha tomado esta decisión tras considerar que, a la luz de las investigaciones efectuadas, “no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los distintos miembros del consejo de administración”. Según el auto, los consejeros “tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre de 2013, no habiendo tomado ningún tipo de decisión en relación con la crisis sísmica”.
Se mantiene abierta, sin embargo, la causa por los delitos de prevaricación administrativa y delito medioambiental contra el presidente del consejo de administración de Escal, el consejero delegado y el coordinador y director general. Respecto a ellos, el auto señala que “en el caso de existir cualquier tipo de irresponsabilidad por los hechos investigados”, ellos son los que han de hacerse cargo de las decisiones que tomaron.
También este mismo lunes el Parlament de Catalunya ha aprobado citar a comparecer a Florentino Pérez –presidente de ACS- ante la comisión de investigación que abordará la existencia de las irregularidades en el caso Castor. También se citará a los exministros José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal, Miguel Sebastián i Magdalena Álvarez.
Comparecerán además el exministro y exalcalde de Barcelona, Joan Clos o el expresidente de la Generalitat José Montilla. También lo hará Teresa Ribera, actual ministra de Transición Ecológica.
El origen de Castor
A principios de abril de 2008 Zapatero anunciaba ante el Congreso la llegada de “un periodo de desaceleración económica” de carácter transitorio. Tras el eufemismo se escondía la mayor crisis económica global desde el Crac del 29. Apenas un mes más tarde, cuando el desastre económico y el descontrol del desempleo aún no se habían materializado, el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero daba luz verde mediante Real Decreto al proyecto Castor.
El plan inicial proyectaba la construcción del que sería el mayor depósito de gas natural de España, capaz de abastecer al país entero y presupuestado en cerca de 630 millones de Euros. El macroproyecto resultó en un desastre cuya construcción acabaría costando más de 1.700 millones y que hubo de detener su actividad en 2013 –apenas un años después de comenzar a funcionar- debido a que ésta provocó más de 500 terremotos frente a las costas de Castellón y Tarragona.