Ya lo dijo la coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, en referencia al presidente de Les Corts, Juan Cotino, a quien se refirió como “el perejil que está presente en todas las salsas de corrupción” que cada día salen a la luz en la Comunitat Valenciana. La última de ellas, relacionada con las detenciones en Vaersa, donde según publica Levante-EMV en su edición de este viernes, el director general de la empresa pública, Enrique Simó, habría implicado a Cotino, en su etapa como conseller de Medio Ambiente, con las irregularidades en la sociedad.
El president de Les Corts, a quien diversas grabaciones policiales de conversaciones entre su sobrino, Vicente Cotino, y el empresario Alicantino Enrique Ortíz, lo colocan como mediador con la Generalitat en diversos negocios, se ha visto salpicado en los últimos tiempos en diversas causas judiciales relacionadas con el Partido Popular Valenciano.
La portavoz del Consell, María José Català, apuntaba este mismo viernes que ella, si se encontrara en la situación de Juan Cotino “pondría mi cargo a disposición del president de la Generalitat”. No obstante, reconocía que no le pida nada al presidente de la cámara valenciana, que “no está imputado en ninguna causa”, al tiempo que recordaba que ha testificado “en calidad de testigo” en dos ocasiones ante el juez.
Català, quien recordaba que la línea roja marcada por Fabra en temas de corrupción está muy clara -el president ya lo advertía públicamente a Cotino hace apenas unos días-, insistía en que la Generalitat “respeta los procesos judiciales y siempre hemos colaborado y colaboramos con la justicia”.
Salpicado pero no imputado
Cotino se ha visto implicado -no imputado- en diversos escándalos, como las ya mencionadas escuchas del caso Rabassa, en las que aparece como 'conseguidor' de negocios para la empresa de su familia; las también comentadas irragularidades en Vaersa; en las irregularidades detectadas con motivo de la visita del Papa a Valencia por el Encuentro Mundial de las Familias de 2006; el saqueo en Emarsa; la financiación irregular del Partido Popular, con pagos en negro denunciados por el extesorero del PP, Luis Bárcenas; o el supuesto trato de favor a las residencias de la tercera edad propiedad de su familia.