¿Puede mantener el Ayuntamiento de València la titularidad de los 160.000 metros cuadrados de terrenos e infraestructuras cedidas por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), dependiente del Estado, a pesar de que parte de sus usos sean hosteleros y comerciales? Esta es la gran pregunta de la que depende que la ciudad siga teniendo la última palabra en la planificación y desarrollo de una parte importante de la Marina de València ganada en su día al Puerto, más acostumbrado a comerle terreno a la urbe que a cederlo, como sucedió con las desaparecidas playas de Natzaret y La Punta, hoy recubiertas de hormigón, grúas y contenedores.
Precisamente, a cambio de aquella cesión traumática que hizo la ciudad al Puerto y de la que el exalcalde Ricard Pérez Casado reconoció que fue su mayor error, la APV se comprometió a desafectar años después en favor de la ciudad los terrenos sin uso portuario. El acuerdo se rubricó tras la Copa del América de 2007, en 2013, con la cesión durante 25 años del uso de este espacio y de diferentes inmuebles con cuya explotación se debían devolver los 360 millones de euros que el Estado prestó para transformar la fachada marítima con motivo de la competición náutica.
Sin embargo, el Gobierno condonó en 2021 la deuda, motivo por el que la APV, en virtud de un informe de la Abogacía del Estado, advierte al Ayuntamiento de que en esos terrenos y bienes cedidos tales como los Docks, Veles e Vents o Edem no caben actividades con ánimo de lucro y solo se pueden dedicar a un fin de utilidad pública. De lo contrario, el Puerto de València podría reclamar la recuperación de todo el espacio.
En virtud de este informe de la Abogacía del Estado, el equipo de Gobierno del PP tumbó la adjudicación de un centro de datos a una empresa valenciana en el edificio de los Docks, curiosamente desoyendo otro informe de sus propios servicios jurídicos municipales que contradicen el de la APV al considerar con abundante jurisprudencia que los usos económicos, recreativos o turísticos también se pueden considerar de utilidad pública.
El hecho de que el PP de la alcaldesa María José Catalá haya seguido el criterio de la Abogacía del Estado, paradójicamente, es poco menos que una renuncia a que la ciudad y ella misma como alcaldesa asuma la reivindicación de que toda la Marina de València, salvo la lámina de agua, debe ser un espacio más de la ciudad, cuya tutela y desarrollo debe liderarse del Ayuntamiento, algo que su antecesora Rita Barberá siempre reivindicó, lo mismo que Joan Ribó, quien advirtió a la APV de recursos judiciales si finalmente optaba por recuperar los terrenos desafectados, precisamente basándose en el informe del secretario municipal que Catalá ha obviado.
El futuro incierto de la Marina de València
El funcionamiento de la Marina de València se encuentra en un callejón sin salida al no haberse creado el nuevo ente para gestionarlo y ser improrrogable el permiso extraordinario otorgado por la APV, el cual caduca el próximo 31 de diciembre. Al respecto, la presidenta de la APV, Mar Chao, comentó que “es un tema prioritario” y que ha iniciado “unas pequeñas conversaciones informales con el Ayuntamiento” para ponerse manos a la obra “para buscar la mejor salida jurídica posible a este problema que viene hace casi tres años”. Chao añadió que aún no han tenido “una reunión formal” pero insistió en que es una prioridad: “Vamos a buscar una fórmula jurídica para un problema que tenemos y en cuanto tengamos clara la hoja de ruta informaremos”.
El organismo que se encargaba del funcionamiento de la Marina, el Consorcio Valencia 2007, integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), sigue enredado en una maraña jurídica desde que la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente.
La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar un proceso de liquidación que finalmente quedó paralizado hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor con el objetivo de mantener la gestión unitaria de todo el recinto. Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) prorrogó durante un año (hasta el 31 de diciembre de 2023) la cesión de la gestión de sus terrenos en favor del Consorcio.
Nueve meses después, no se ha dado ningún paso para avanzar en la creación del nuevo organismo, cuando la concesión otorgada por la APV en principio no se puede prorrogar.