El catedrático demandado por el hijo del alférez que participó en la condena a Miguel Hernández: “Estoy agotado”

Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante (UA), está “agotado y dolido” a pesar de “mantener la paciencia para evitar polémicas y contar con el apoyo de mucha gente”. Desde hace casi un lustro el investigador especializado en represión franquista se enfrenta a las demandas en varios frentes del hijo de Antonio Luis Baena Tocón, alférez jurídico que participó en el proceso franquista que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Sin embargo, el agotamiento que refiere Ríos Carratalá no es por las causas judiciales, que “tienen las debidas garantías jurídicas”, sino por “los insultos y las descalificaciones” del demandante “a través de su web y las redes sociales”, afirma el catedrático en declaraciones a elDiario.es.

Todas las resoluciones judiciales dictadas hasta el momento le han dado la razón al catedrático de la UA. Este semana, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) descartaba que el fallecido Antonio Luis Baena Tocón, un perfecto desconocido hasta que su hijo decidió emprender la vía judicial, pudiera beneficiarse del derecho al olvido. La sentencia del alto tribunal autonómico concluye que el enlace de un trabajo académico de Ríos Carratalá en un repositorio de la web de la UA “estaría amparado por la libertad de información y de expresión, sin que proceda la supresión de los datos personales”.

El TSJ-CV avala así la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, quien consideraba que la pretensión del demandante suponía poco menos que volver a los tiempos de la censura previa de la dictadura franquista.

El demandante abrió varios frentes. Sin embargo, el procedimiento principal iniciado ante la Audiencia Nacional para que Google otorgara el derecho al olvido del alférez jurídico quedó resuelto en firme hace unos meses por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo, que avaló el “interés público incuestionable” de la investigación de Ríos Carratalá y primó el derecho a la información.

“La reacción ha sido de solidaridad e incredulidad. Nadie en el mundo académico entiende lo sucedido por lo insólito que resulta tras contar con una jurisprudencia que, salvo para casos extremos de falsificación o insultos, hace unos veinte años dejó atrás los juicios contra historiadores en el ejercicio de su labor investigadora”, afirma Juan Antonio Ríos Carratalá, autor de una extensa obra sobre el franquismo. “Y menos se entiende cuando explico las múltiples causas abiertas, los más de cien demandados, los 11,5 millones de euros pedidos por el demandante y la voluntad de diálogo que he mantenido desde el principio”, dice en referencia a la causa abierta ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz contra el catedrático, otras instituciones académicas, historiadores y medios de comunicación.

El investigador ha sufrido “una pesadilla”. “A diferencia de los periodistas, ninguno de nosotros está acostumbrado a enfrentarse a estos problemas y, además, lo he hecho en solitario con mi dinero porque, de tan insólito, es un caso no previsto por parte de los servicios jurídicos de nuestras universidades. Si esto mismo le pasa a un profesor joven o con una modesta plaza no podría haber afrontado el pago de su defensa y, por supuesto, habría quebrado su trayectoria investigadora en buena medida”.

Un caso sin parangón

Juan Antonio Ríos Carratalá arrastra la retahíla de pleitos mientras sigue con su reconocida labor investigadora. Sus últimas obras publicadas se centran en los consejos de guerra franquistas contra periodistas y escritores entre 1939 y 1945 y en la batalla por la libertad de expresión durante la Transición. “El caso Baena Tocón no tiene parangón ni en democracia ni en la etapa franquista”, explica. “Mi compañero Francisco Espinosa estudió el tema en un libro de 2009 y, desde entonces, incluso desde mucho antes, me dice que no hay ningún caso similar”, agrega Ríos Carratalá.

El catedrático de la UA valora “positivamente” las cuatro sentencias dictadas, que “repiten en lo fundamental los mismos argumentos, que vienen a reiterar una jurisprudencia asentada desde hace unos veinte años”. “La libertad de expresión, cátedra e investigación ampara los trabajos académicos, salvo que los dediquemos a falsificar los hechos históricos de manera generalizada y voluntaria o a insultar, que no es algo frecuente precisamente en los libros universitarios”, afirma el autor de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores (1939-1945).

“La presencia del alférez Baena Tocón en los consejos de guerra no es una invención y, por supuesto, nunca le he insultado”, concluye.