Un centenar de afectados por la DANA se querella contra cargos del Gobierno de Mazón y la Confederación Hidrográfica
![El letrado Manuel Hernández (con chaqueta azul), acompañado por miembros de la asociación y por el presidente de la entidad, Christian Lesaec (cuarto por la derecha).](https://static.eldiario.es/clip/3a981a28-8755-4b75-ba68-9dafd8627889_16-9-discover-aspect-ratio_default_1110433.jpg)
La Asociación de Damnificados Horta Sud de València, compuesta por un centenar de víctimas de la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre, ha presentado este miércoles una querella contra la exconsellera Salomé Pradas; el exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso; el actual director general Alberto Martín Moratilla; la funcionaria Inmaculada Piles, jefa de servicio de Emergencias, y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La querella, registrada ante los juzgados de instrucción de València, considera que se podrían haber cometido los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, daños, prevaricación omisiva y omisión del deber del socorro. Se trata de la primera querella de una asociación de afectados directos por la DANA. La entidad alude a la “inacción” de los querellados en la “toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos”. Del centenar de querellantes, tres son familiares de fallecidos la trágica jornada.
La querella no se dirige, de entrada contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un cargo aforado, aunque no se descarta que pudiera resultar investigado más adelante “a resultas de la instrucción”. Coincidiendo con el tercer mes de la DANA, este miércoles, el presidente de la asociación, Christian Lesaec, ha confirmado que la Generalitat no se ha puesto en contacto con la entidad. “Sinceramente, tampco lo esperábamos”, ha dicho.
La asociación nació el pasdado 11 de noviembre “de forma espontánea e inesperada” los días posteriores a la riada, según ha explicado su presidente. “Tuvimos que luchar por nuestra vida y hemos seguido sufriendo el desamparo y la soledad”, ha dicho Lesaec. El presidente de la entidad ha relatado las duras vivencias de los asociados, como un padre que tuvo que despedirse de su hija cuando la barrancada les dejó atrapados en un sótano al que habían bajado para tratar de rescatar enseres. “Esto no puede quedar así, pienso que debemos pedir que los responsables paguen por ello”, ha afirmado Lesaec.
Por su parte, Manuel Hernández, CEO del despacho Vilches Abogados, ha explicado que se trata de la “mayor querella presentada hasta la fecha”, que incluye una “investigación muy exhaustiva tanto por parte del bufete como por parte de la asociación” relativa a la cronología del día de la DANA y de las jormnadas posteriores. “Buscamos conocer los hechos de manera exhaustiva”, ha abundado el letrado, quien ha apostillado que el objetivo pasa por “acreditar el efecto causal” entre las decisiones de los querellados y las consecuencias de la barrancada.
El abogado ha destacado los daños morales sufridos por los afectados —“su vida ha cambiado y ya no será la misma”, ha dicho— y que la querella reclama una sanción penal y también una responsabilidad civil por parte de los cargos querellados. Manuel Hernández ha lamentado que los responsables de los organismos públicos “previsiblemente tenían que haber tomado decisiones y no se tomaron”. Además, el letrado tampoco descarta que haya más investigados en la previsible instrucción judicial. Por otro lado, para la demanda de responsabilidad patrimonial, ha explicado Hernández, los afectados tienen un plazo máximo de un año desde el día de autos, hasta el próximo 29 de octubre de 2025.
El representante jurídico de la asociación ha desgranado los principales puntos de la querella. Por un lado, la “falta de previsión y de acción cuando ya se conocía desde el 20 de octubre que se iba a producir una DANA”, con “avisos reiterativos” por parte de la Aemet, que llegó a alertar de una “intensidad torrencial” de las lluvias y que incluso lanzó una alerta roja por el “peligro extremo” y el consecuente “riesgo” para la vida.
“A partir de ahí”, ha manifestado, “entendemos que no se debería haber lanzado el aviso a las 20.11, habida cuenta de que sobre las 18.30 ya se había producido el desbordamiento del barranco del Poyo”. “De poco servía”, ha apostillado en referencia al envío tardío del sistema Es-Alert. El letrado también se ha referido a una “descoordinación presumiblemente bastante significativa” con la CHJ.
La querella se centra en el peligro de inundaciones de la cuenca del barranco del Poyo: “Ya se conocía que esto podía generar algún tipo de riesgo”. La asociación ha aportado un estudio de las acciones “previstas y que no se han desarrollado” en el barranco. “Existe una falta de actuación por parte de la administración publica ante un riesgo que se conocía”, ha asegurado.
Finalmente, la querella también considera que “existen pruebas de que no se han tomado decisiones urgentes en la ayuda de los ciudadanos” con posterioridad al 29 de octubre.
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