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Cerca de 40 consejos escolares rechazan la consulta de lengua base de Mazón porque “arrinconará” el valenciano

Consejo Escolar Municipal de Gandia.

Toni Cuquerella

València —
12 de febrero de 2025 19:03 h

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Unas 570.000 familias valencianas -según cifras de la Conselleria de Educación- están llamadas a participar en la primera consulta para elegir la lengua base en los centros educativos que se desarrollará de forma telemática del 25 de febrero al 4 de marzo. Pero esta consulta que el propio president Carlos Mazón (PP) describe como el espíritu de “libertad de elegir”, no todos lo ven así, ni la oposición de izquierdas, ni el colectivo de Families pel Valencià, ni alrededor de 40 consejos escolares municipales, afirmando que lo que realmente se busca es “arrinconar el valenciano”.

Contra esta consulta se han pronunciado diversos plenos municipales, todos ellos con mayorías progresistas, incluída también la Diputació de València, donde el voto de Ens Uneix inclinó la balanza hacia el rechazo de la consulta y se pidió también la retirada de la consulta, con el voto contrario de PP y Vox.

Pero fuera de la política muchos consejos escolares municipales se han pronunciado. Así cerca de 40 consejos -todos de localidades en la zona de habla valenciana- han rechazado también la consulta. Se trata de los consejos de Alcoi, l’Alcora, Alzira, Bellreguard, Beniarjó, Benimodo, Betxí, Bonrepòs i Mirambell, Carcaixent, Canals, Cullera, Daimús, Guardamar, la Font d'en Carròs, Gandia, Llíria, Monòver, Muro, Oliva, Ondara, Ontinyent, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Petrer, Picassent, la Pobla Llarga, Quart de Poblet, Riba-roja, Ròtova, Sagunt, Tavernes de la Valldigna, la Vall d’Uixó, Vall dels Alcalans, el Verger, Vila-real, Xàbia i Xàtiva.

Los consejos escolares municipales son un organismo participativo de la comunidad educativa de una localidad y sus tareas y funciones son el asesoramiento, la consulta, la propuesta y la información de todos los temas educativos que afectan al municipio. Así estos organismos son independientes entre si, pero han esgrimido argumentaciones análogas para rechazar esta medida que entienden va contra la promoción del uso del valenciano.

De este modo la consideran “inadecuada” porque va en contra de su normalización en el ámbito educativo, y que el argumento de “libertad de elección de los padres” puede llegar a ser “devastador” para la pervivencia social del valenciano además de promover el “conflicto lingüístico”. También se advierte que esta medida no tiene en cuenta los informes de las universidades ni de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que obvia la situación de recesión lingüística del valenciano, y propone unos cambios que no garantizarán una enseñanza equitativa en los idiomas oficiales de nuestro territorio.

En contraposición se propone realizar acciones positivas en favor del valenciano, de acuerdo con el prescrito en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, así como también abrir un proceso de diálogo con la comunidad educativa.

El CECV, a favor

No obstante el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) sí ha emitido un dictamen favorable al proyecto de orden después de que la comisión permanente rechazara, con un 72% de los votos, las enmiendas presentadas para la retirada de esta orden.

En concreto, se registraron cinco enmiendas: dos solicitando la retirada, presentadas por la Confederación Gonzalo Anaya y el STEPV y tres por el sindicato ANPE, a las que la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo propuso una transaccional que fue aceptada para dos de ellas y otra fue retirada por la proponente. De este modo, se votaron las dos enmiendas que pedían la retirada de la orden, que han sido rechazadas con un 72% de los votos de los miembros asistentes a la permanente (21 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones).

El Consell Escolar es el superior órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza en la Comunitat Valenciana, donde tienen representatividad todos los sectores afectados. Cualquier proyecto de orden del sistema educativo a nivel autonómico debe tener un informe de este organismo, aunque no es vinculante.

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