La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2017, que confirmaba la de la Audiencia Nacional en la que se declaraba “ajustado a derecho” despido colectivo de RTVV.
En un comunicado, la central sindical ha recordado que fue “el único sindicato no firmante de aquel ERE de extinción, el único que presentó las posteriores demandas ante las instancias nacionales” y ahora “el único sindicato que continúa luchando ante un ERE injusto e arbitrario que pagaron únicamente los trabajadores”.
El recurso presentado en el tribunal europeo hace hincapié principalmente en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaraba nulo el despido colectivo aplicado por el grupo de comunicación y defiende que la que permitió el cierre -4/2013, aprobada con mayoría absoluta con Alberto Fabra a la cabeza-, supone una vulneración del derecho a un proceso equitativo, ya que tuvo como único objetivo no aplicar una sentencia firme.
Este hecho atenta, según CGT, contra los derechos de los trabajadores y vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que esperan que, “aunque sea a largo plazo, una revisión del caso y de sus irregularidades permita una sentencia que haga justicia con los trabajadores de RTVV después del cruel maltrato al que han sido sometidos por gobiernos de diferente signo”.
No obstante, según el Supremo, el ERE se basó en la extinción del medio público y en su deficiente situación económica, lo que aleja la sombra del fraude y constituye causa válida de despido colectivo, consideró el tribunal.
El sindicato carga tanto contra el Partido Popular como contra el Gobierno del Botànic, al que acusan de complicidad con los conservadores respecto al despido colectivo. “El cierre realizado por el PP fue avalado por el gobierno supuestamente progresista del Botànic con su defensa en la Audiencia Nacional, un Botànic que estando en la oposición hacía una defensa de los trabajadores y se comprometió con ellos en revertir el ERE”, dice la CGT.
Según sus representantes, “no solo se incumplió aquella promesa, también la que hicieron de esclarecer dónde habría ido a parar cada euro en la gestión del PP” porque “no se ha abierto una comisión de investigación para averiguar dónde fueron a parar los 1.300 millones del saqueo de Radiotelevisión Valenciana, ni este gobierno se ha personado en los casos que siguen abiertos en diferentes juzgados gracias a las denuncias de la CGT”, critican.
Además, consideran que el Ejecutivo de PSPV y Compromís ha “maltratado” a los extrabajadores, discriminándolos en comparación con los del Hospital de Alzira o Divalterra y que se les ha tratado como “auténticos apestados”.
Pese a que la corporación À Punt cuenta con un 92% de extrabajadores de Radiotelevisión valenciana para las bolsas de trabajo provisionales y que la ley establecía que se bonificaría la experiencia de los mismos para estos puestos, el sindicato considera que no se cuenta con ellos. “Después de todo esto, el gobierno del Botànic va a abrir en breve una nueva radio y televisión sin contar con los ex trabajadores (solo de una manera provisional), empezando de cero, y con un modelo privatizado, donde solo serán servicio público los informativos. El resto estará gestionado por empresas privadas con la precarización laboral que ello supone”, ha indicado.
A su juicio, “eso no es el servicio público que defendían estando en la oposición. Este modelo es el mismo que el ahora detenido Zaplana intentó en el año 2002, o el que en su última etapa también intentó el PP por medio de Alberto Fabra, intentos ambos que fueron paralizados en los tribunales.