El genial Luis García Berlanga soñó con la construcción de unos estudios y una escuela de cine que sentaran las bases de esta industria en España. Decía otro genio –ahora, Goya- que el sueño de la razón produce monstruos. Y no se equivocaba el aragonés, puesto que una idea brillante como la de Berlanga se convirtió en una espantosa ruina de la mano del PP valenciano y su capitalismo de amiguetes. Se llamó La Ciudad de la Luz.
Sí. Cuando se utiliza la legítima retórica liberal para acabar impulsando obras faraónicas que no van a generar el deseado retorno, se pervierte cualquier virtud que queramos asignar a la economía de mercado: equidad, crecimiento…
En definitiva, si Alfonso Guerra se jactaba de haberse cargado a Montesquieu, el PP valenciano puede adjudicarse la amputación de la mano invisible que preconizó Adam Smith.
Y en esas estamos, con la UE pisándonos los talones y exigiéndonos la devolución de ayudas agrarias, el importe de multas por falseamientos del déficit… Son lastres que pesan como una losa –por si no tuviéramos ya la de la infrafinanciación- sobre los presupuestos de las Conselleries y, en definitiva, sobre las economías domésticas.
Aparte, hemos de sumar a este memorial de agravios la desinversión de la Ciudad de la Luz a la que obliga la Comisión Europea, por considerar el complejo un flagrante caso de competencia desleal.
La factura a pagar es larga y costosa. Incluso, tres años después del cierre. A continuación, un somero repaso de lo que La Ciudad de la Luz nos va a suponer a los valencianos (en millones de euros):
-Devolución de los 256 que costó.
-Alrededor de un millón en pleitos (con instituciones comunitarias, estudios europeos y la empresa Aguamarga de por medio).
-Tematización de la glorieta R-3 por 2,3.
-Devolución de suelo o indemnización por la expropiación de la anulación de la expropiación de terrenos.
-Pérdidas cercanas a 84 millones entre 2004 y 2010.
-8 millones al año, en concepto de mantenimiento, desde el cierre.
Después de declararse desierta la subasta (marca, experiencia y cartera de clientes valoradas en cero euros), se propone a la Comisión Europea la dación en pago.
El resumen de la desfeta lo plasma a la perfección el informe que encargó en su día la UE: “no parece probable que las inversiones realizadas se ajusten a la conducta de un inversor privado diligente en una economía de mercado”.
No hay más que añadir.