Estamos a mitad del partido; en el ecuador de la legislatura. Es hora, quizá, de acometer nuevos retos que dejen una huella profunda en la gestión de algunos ayuntamientos valencianos del cambio. Es la hora de apostar por la “remunicipalización” de algunos servicios públicos. Puede que algunos ciudadanos vean en esa reversión una osadía o una utopía irrealizable. Sin embargo, hay ayuntamientos que lo han logrado. Basta un ejemplo: Tres poblaciones con más habitantes que Castellón, A Coruña, Terrasa o Valladolid, estos dos últimos municipios con alcaldes socialistas, han conseguido volver a gestionar de forma pública el suministro de agua potable.
En una jornada sobre esta cuestión celebrada en Castellón, organizada por la “Plataforma No al TTIP” y el grupo municipal Castelló en Moviment, se puso de manifiesto que el ahorro en la recogida directa de basuras puede suponer un 27 por ciento menos del gasto actual; en cuanto a la limpieza viaria, la reducción de su coste –remunicipalizado- se cifraba en un 16 por ciento. Vicente Monteagudo, un experto en cuestiones medioambientales de Compromís, aludió a que con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria las grandes constructoras dirigieron sus esfuerzos a la contratación de servicios públicos. Monteagudo describió un panorama desolador: el 90 por ciento de los municipios valencianos de más de 20.000 habitantes tienen privatizada su gestión del agua; tres operadoras fuertes, una por cada provincia, cortan el bacalao, copan ese rentable nicho de negocio. Según él, una oficina de la Generalitat asesorará próximamente a los municipios que pretendan iniciar el camino inverso, el de la remunicipalización. Muchos creemos que el ciclo integral del agua debería gestionarse desde los ayuntamientos con criterios de sostenibilidad ambiental, transparencia, equidad y sin expectativas de lucro. Muchos ayuntamientos se lo empiezan ya a plantear. El debate, pues, está servido. No hablamos de ninguna temeridad: Paris y Berlín gestionan la captación y distribución de su agua potable.
En esa jornada, en la que participaron además ediles navarros, catalanes y la portavoz del grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, se habló de cómo un bien escaso y básico, como el agua, se convierte en un bien comercial, a veces sujeto incluso a escándalos de corrupción como el Canal Isabel II de Madrid o como la financiación bajo cuerda del PP descubierta con el caso Gürtel. En este servicio privatizado notamos opacidad en las tarifas, adjudicaciones dudosas y cláusulas abusivas. Es el momento de iniciar la reversión de algunos de esos servicios. ¿Por qué la sanidad pública goza de tan buena prensa y, en cambio, la limpieza de colegios, la recogida de basuras o el suministro de agua en manos públicas tiene menos predicamento entre la población? Es hora de incidir en que lo público no es ineficiente y en que además tiene un menor coste. Por consiguiente ese ahorro o beneficios extras pueden dirigirse a mejoras en el servicio o a inversiones generalistas en el propio municipio.
Una edil de Pamplona, Edurne Eguino, responsable del área de Bienestar Social, dijo que la ayuda domiciliaria, que atiende diariamente a más de 1100 personas, había conseguido, una vez devuelta a manos públicas, una reducción considerable de costes y una evidente mejora del servicio. Según ella, con la eliminación del beneficio industrial de la antigua empresa concesionaria y del 10 por ciento del IVA ya valía la pena haber dado ese paso. Encima, con estas iniciativas se logra una mejora sustancial de las condiciones de trabajo de sus empleados. No obstante, algunos ponentes advirtieron que hay que promover estos procesos desde la transparencia, sin generar más burocracia ni ampliar de forma disparatada las plantillas municipales. También se adujo que hay servicios municipales en manos privadas como la gestión de polideportivos, piscinas, mantenimiento de la iluminación y otros que también son proclives al rescate público.
Marina Albiol habló de una gran ofensiva mundial en contra de la reversión de algunos servicios. A Estonia, recordó, le habían impuesto una multa de 90 millones de euros por impedir que subieran las tarifas del agua. Algunos tratados internacionales en avanzado estado de tramitación juegan, recalcó Albiol, en contra de esas políticas más cercanas y rentables para el ciudadano. En el caso de Barcelona, la “osadía” de Ada Colau prevé -¡mira qué bien!- recuperar la gestión del agua, crear una empresa municipal de distribución de energía eléctrica o instaurar durante esta legislatura una funeraria municipal. No hay porque respetar inercias nocivas heredadas; merece la pena la audacia en la gestión municipal.
Si yo fuera concejal me cogería el listado de contratas públicas de mi pueblo y revisaría algunas cláusulas, principalmente la duración de las mismas. Y soñaría que la reversión, la gestión pública de los bienes comunes, es posible. ¿Por qué no?