Compromís denuncia ante Fiscalía al conseller de Educación de Mazón por prevaricación y desobediencia

El portavoz de Educación de Compromís en las Corts Valencianes, Gerard Fullana, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por el incumplimiento por parte de la Consellería de Educación de la sentencia firme del TSJCV sobre los Acuerdos de aumento de plantillas de profesorado firmados por el Consell del Botànic con los sindicatos.

Tal y como ha explicado Fullana, “han pasado demasiados meses sin que los máximos responsables de la consellería hayan movido ni un dedo para ejecutar la sentencia del TSJCV: dotar de 1.898 docentes más a las aulas valencianas para este curso”, y recordaba que esta semana tampoco se han convocado las plazas en las adjudicaciones, “y el conseller Rovira se está comportando como un prófugo de la justicia. Hoy continúa con su ilegalidad reincidente, por lo tanto, es hora de actuar”.

“Y es que el gobierno de Mazón se cree por encima del bien y del mal, y no solo ataca en la educación pública, sino que es capaz de cometer ilegalidades para recortar profesorado”, ha añadido el diputado valencianista.

Consecuencias educativas y económicas “irreparables”

La denuncia de la coalición valencianista apela a indicios de que los máximos responsables del departamento que dirige José Antonio Rovira están cometiendo “prevaricación administrativa y desobediencia judicial”. Es por eso que solicitan que se abran diligencias de investigación al respeto por parte del Ministerio Fiscal.

Compromís remarca en su denuncia que el incumplimiento de la resolución del tribunal durante cuatro meses ha tenido “efectos irreparables en decenas de miles de alumnos”. En el caso del profesorado no contratado, la “presunta prevaricación y desobediencia” de los altos cargos de la consellería “ha generado ya efectos en su cotización por el hecho de que, al haber pasado el 31 de diciembre, no cobrarán los meses del verano por parte de la Administración”. “Hay un agravio para la calidad educativa evidente, pero los presuntos delitos cometidos por la consellería de José Antonio Rovira pueden derivar en condenas de centenares de miles de euros para la Administración”, ha destacado el diputado valencianista.

Desde la coalición valencianista explican que la decisión inicial del conseller se tomó como respuesta a la huelga educativa. Los delitos denunciados, sostienen, “se agravan por el hecho de que haya ya consecuencias sociales para los afectados y económicas para la Administración, y podrían ser motivo de penas de inhabilitación e incluso de prisión”.

Fullana recuerda que el TSJCV emitió un auto donde se advierte de forma contundente al conseller de Educación: “No somos los únicos que hemos avisado reiteradamente a la consellería; el mismo TSJCV, la semana pasada, obligó la Consellería a determinar, con nombres y apellidos, a los responsables del incumplimiento de la sentencia. Es muy grave”.

Los Acuerdos de plantillas firmados por el Botànic fijaban el aumento en 1.898 docentes la plantilla de profesorado en las aulas valencianas para arrancar este curso 2024-2025. “El conseller de Educación los quiso anular, un día después de la huelga educativa del 23 de mayo del año pasado”. En octubre de 2024, la Sala cuarta contencioso-administrativo del TSJCV emitió sentencia firme donde se oponía a la nulidad de los acuerdos y obligaba a la Consellería de Educación a aumentar el profesorado en las aulas valencianas.