El grupo municipal de Compromís reclama paralizar las licencias de apartamentos turísticos durante 12 meses y redactar una ordenanza específica en València. La formación aboga por constituir una comisión no permanente sobre esta materia ante la saturación de la ciudad para “trabajar acciones en torno al turismo consensuadas entre todos los grupos”.
Los concejales Papi Robles y Ferran Puchades instan al equipo de gobierno de María José Catalá, del PP, a poner en marcha el foro y abordar los problemas que derivan del aumento del turismo. “Se tiene que avanzar hacia una regulación” ya que los apartamentos turísticos son “un negocio más”, han indicado, para recalcar la subida de los precios del alquiler y los “problemas de convivencia” que generan estos negocios. Entidades como Exceltur, la patronal hotelera, también han cargado contra la competencia desleal de los apartamentos desregulados. Los ediles han recordado cómo muchos bajos comerciales de la ciudad se han convertido en apartamentos y señalan los problemas en barrios como Ciutat Vella, con 44 de cada 100 viviendas dedicadas al turismo, hasta llegar a las 9.400 de la ciudad.
Los concejales han aprovechado para reclamar que la Ley de Vivienda incluya la regulación de las viviendas de uso turístico e instar a la alcaldesa a regular los precios del alquiler, una cuestión que adelantó el exalcalde Joan Ribó al pedir la declaración de zona tensionada, aprovechando la norma recientemente aprobada.
Tras la rueda de prensa, la alcaldesa Catalá ha considerado “prioritario” realizar una ordenanza de apartamentos turísticos para acabar con los establecimientos irregulares. “La ciudad cuenta con 4.000 apartamentos turísticos irregulares y por ello hay que aprobar una ordenanza para regularlos además de realizar un plan de inspección para acabar con estas irregularidades”, ha indicado, para después criticar al anterior equipo de gobierno la falta de medidas. “El anterior gobierno, en ocho años, no realizó ninguna ordenanza de apartamentos turísticos”, ha indicado.
Catalá se ha mostrado también preocupada por las zonas de la ciudad que más sufren estos alquileres irregulares y ha defendido que “estos apartamentos no deben suponer una presencia masiva en ciertas localizaciones de la ciudad que dificulten la convivencia y el derecho al descanso de los vecinos”. La alcaldesa ha insistido en que “Compromís desde enero de este año hasta abril sólo ha cerrado 24 actividades irregulares de 4.000” y le ha reprochado las quejas.