Las movilizaciones realizadas por los médicos de la sanidad pública madrileña ante la falta de medios, en este caso en los centros de urgencias extrahospitalarias, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo sanitario y la conveniencia de apostar por un sistema público fuerte o por un modelo que se experimentó en la Comunitat Valenciana por primera vez, con la privatización de un departamento de salud como el de Alzira por parte del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana (PP).
Este modelo de gestión indirecta se extendió a otras áreas sanitarias valencianas (Torrevieja, Dénia. Manises y Elche) y algún otro territorio como Madrid, Murcia o Galicia, aunque su implementación no ha sido ni mucho menos mayoritaria, sino más bien excepcional.
La recuperación de servicios públicos esenciales privatizados durante los 20 años del PP al frente de la Generalitat Valenciana forma parte de los compromisos adquiridos en 2015 en el denominado Pacto del Botànico, el acuerdo de Gobierno que propició el cambio a un ejecutivo de izquierdas formado por PSPV, Compromís y Unides Podem, presidido por el socialista Ximo Puig.
El hospital de Torrevieja y todo su departamento de salud volvió a la gestión pública directa de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública el pasado 16 de octubre, una vez finalizado el contrato de 15 años adjudicado en la época del PP a la empresa Ribera Salud.
Esta es la segunda área sanitaria gestionada por la mencionada empresa que recupera el Gobierno valenciano, tras hacer lo propio con la del hospital de Alzira en abril de 2018, el primero que se privatizó.
En diciembre del pasado año, el Gobierno valenciano recuperó también la gestión pública de las resonancias magnéticas también privatizadas por Zaplana, que causaron sobrecostes de hasta 160 millones para las arcas públicas.
El siguiente gran departamento que se recuperará para la gestión pública será el de Dénia, cuya concesión finaliza a mediados del año 2024.
Todo este proceso de recuperación de la gestión pública de la sanidad no es un capricho, sino que viene avalada por numerosos informes técnicos. En concreto, el “informe de la subdirección general de recursos económicos de la Conselleria de Sanidad en relación con la gestión del departamento en régimen de concesión de Torrevieja y la decisión de la no prórroga” remitido a la justicia para justificar la recuperación pública de las concesiones desmonta todo el sistema concesional implantado por el PP.
En concreto, según el informe, “existen una serie de limitaciones y deficiencias contractuales que impiden la continuación del servicio en el modelo en régimen concesional actual”, de las que se destacan: deficiencias estructurales de los contratos vigentes con las concesiones; dificultad de la administración para implementar mecanismos de control y regulación; imposibilidad de modificar el precio del contrato; y elevada litigiosidad entre las partes.
Según este documento, “se han contraído obligaciones no previstas en el contrato siendo necesario recurrir a expedientes de enriquecimiento injusto (EEI) para su compensación a las concesionarias”. En concreto, “para La Ribera ejercicios 2008-2015, Dénia 2008-2013 y Torrevieja 2006-2012, únicas de las que se ha practicado liquidaciones, se han realizado cuatro expedientes de enriquecimiento injusto por importe total de 118 millones de euros”.
Por otra parte, el Gobierno del Pacto del Botánico dedicará el año que viene 520,5 millones de euros a inversiones sanitarias, un 55% procedentes de la Unión Europea (290 millones), la cifra más alta de la historia, un 19,5% superior a la del presente año y más del doble de los 202 millones presupuestados en inversiones para 2021. Si se compara con la última etapa del PP al frente del Gobierno valenciano, multiplica por siete los 67,6 millones presupuestados en inversiones para 2015 y por 16 los 32,4 millones asignados para el año 2013.
Además, desde el año 2015 la Conselleria de Sanidad ha recuperado la atención sanitaria universal para acabar con la segregación que impusieron los gobiernos de la derecha a la asistencia normalizada, una medida que ha beneficiado a 168.000 personas.
También se han eliminado los copagos de medicamentos y prótesis a 1,34 millones de personas en situación de vulnerabilidad que ya no tienen que pagar por sus medicamentos y se ha modificado la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana para priorizar la gestión pública directa, la universalidad de la asistencia sanitaria, la garantía de equidad y no discriminación, y el fortalecimiento del sistema público. Por último, los 6.000 contratos de refuerzo con motivo de la pandemia se han convertido en plazas estructuralres, lo que implica un aumento de la plantilla del 12%.
Listas de espera
Según los últimos datos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, el tiempo de espera para someterse a una intervención quirúrgica en los hospitales de la Comunitat Valenciana en el mes de octubre se sitúa en 98 días, es decir, diez días menos que en septiembre y 9 días menos que en octubre del pasado año.
Por departamentos de salud, los que destacan con descensos de más de 20 días en el tiempo de espera respecto a octubre del año anterior son, por este orden: Alcoi, con 69 días menos; Elda, con 46; Alicante-Sant Joan, con 34; Sagunt, con 26 días de descenso, y La Plana, con 24 días menos.
La actividad quirúrgica realizada para reducir las listas de espera en los hospitales públicos, en jornada vespertina, a través de autoconcierto, ha experimentado un incremento del 25,22%. De este modo, se han realizado 3.530 intervenciones frente a las 2.819 realizadas en el mismo mes del año anterior.
Esta actividad supone el doble que la realizada en el mes de septiembre de 2022, con 1.839 intervenciones. Así mismo, si se compara la actividad de autoconcierto en el período de enero a octubre de este año con el mismo período del año anterior, el incremento se sitúa en un 53,28 %, con un total de 24.844 personas intervenidas frente a las 16.208 personas operadas entre enero y octubre de 2021, es decir, 8.636 personas más.
En este período, la actividad de autoconcierto ha supuesto una inversión de 20 millones de euros, tanto para pruebas diagnósticas como para la lista de espera quirúrgica.