El juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Valencia ha condenado a la Universitat Politècnica a “resarcir por daños y perjuicios” a un profesor de la institución por mantener abierto un expediente de acoso durante 15 meses, cuando el límite legal son seis, con el correspondiente daño a la imagen y prestigio del docente. El procedimientoi, archivado, se abrió después de que el demandante denunciara que las dos profesoras que iniciaron el proceso habrían copiado sus tesis doctorales.
Las codemandadas son la catedrática Núria Lloret y la profesora contratada doctora Margarita Cabrera y denunciaron el 12 de marzo de 2015 ante recursos humanos de la universidad un presunto caso de acoso laboral del profesor Blas Payri, que había propiciado junto a otros profesores que se revisara la tesis doctoral de Lloret y había afirmado que la tesis de Cabrera también podría estar copiada.
La universidad activó el protocolo de acoso y se tomaron las medidas oportunas, entre ellas las entrevistas con el denunciado. El proceso, que según la ley tenía que haber durado seis meses, estuvo abierto durante 15. El 1 de julio de 2016 el expediente caducó.
En esos meses en los que estuvo abierto el procedimiento, la Universitat Politècnica mantuvo abierto el expediente contra Payri pese a que internamente conocía una resolución del propio rector Francisco Mora que había concluido que la tesis de Lloret “no cumple los requisitos de trabajo original de investigación”.
Un mes antes de presentar la demanda por acoso, el Consell Jurídic Consultiu tomaba declaración a la propia Lloret, después de que la universidad abriera un proceso de oficio para revocar el título de doctora al que la propia universidad no daba validez.
Tras esta revisión y años después, la Politècnica se desdice y avala la tesis de LLoret preguntando a los miembros del tribunal que se la aprobó en 2003. En ese tiempo de revisión estuvo activada la demanda por acoso por la que Payri se tuvo que mantener en silencio sobre la tesis, según el profesor denunciante.
La Universidad Politècnica de València ha recurrido la sentencia a través de la Abogacía del Estado.