Un armería clandestina funcionaba en una caseta de una vivienda particular para pequeños trabajos a demanda de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de personajes vinculados al ámbito delincuencial. Un hombre de origen alemán afincado en Torreblanca (Castellón) ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por los delitos de depósito no autorizado de armas reglamentadas y municiones y de tenencia o depósito de explosivos, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.
El condenado, nacido en Stuttgart (Alemania) en 1964 y sin antecedentes penales, fue titular entre 1997 y 2008 de la armería Mike's Custom Guns en la localidad castellonense a la que se dio la baja definitiva de actividades de exposición permanente y venta de armas de fuego al público. Así, “procedió a trasladar la maquinaria y herramientas que tenía en el taller de la armería a una caseta exterior” construida en su vivienda “a sabiendas de que en aquel momento ya carecía de autorizaciones administrativas”, según los hechos probados de la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón.
El condenado se dedicaba a la “fabricación, reparación y venta” de armas de fuego y al almacenamiento de munición en cantidades superiores a las legalmente permitidas . Además, su domicilio no figuraba dado de alta como armería y no contaba con la autorización necesaria expedida por parte de la dirección general de la Guardia Civil y de la subdelegación del Gobierno. Tampoco con la autorización de la Intervención de Armas y Explosivos de Castellón para la reparación de armas de fuego. El hombre aseguró durante el juicio oral que “vendía sus productos a integrantes de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional”.
Una Glock semiautomática
Un agente del Grupo de Información de la Guardia Civil declaró en el juicio que la investigación nació a raíz de un aviso del Instituto Armado en Murcia por una pistola Glock semiautomática vinculada “a un tema de droga”. El investigador afirmó que el condenado vendía armas a “gente con antecedentes”. Otro investigador aseguró que durante las vigilancias en la vivienda detectaron a “personas delincuenciales” y a un vehículo relacionado con hechos presuntamente delictivos. Un tercer agente perteneciente al equipo operativo declaró que detectaron la presencia de dos sospechosos cuyo “vehículo más tarde apareció quemado”. Durante una de las vigilancias, escucharon tiros.
En la entrada y registro en la armería clandestina, el 20 de febrero del 2019, los agentes se incautaron de maquinaria y material para la recarga de munición metálica, diferentes piezas de fusil M1 Garand, dos armas cortas ilícitas, un arma de fuego corta ensamblada, tres armas inutilizadas, cinco pistolas detonadoras y 5.649 cartuchos. Además de material prohibido como cinco silenciadores, ocho sprays de defensa personal y 19 cápsulas de recarga, tres defensas extensibles, cinco aletas selectoras de disparo a ráfaga marca Glock, además de mercurio y dos cajas completas con punzones para troquelado de número y letras. Además, el Grupo de Información de la Guardia Civil también analizó las fotografías y las conversaciones de WhatsApp del teléfono del armero.
El condenado alegaba que la investigación se basaba en sospechas “y no en datos reales” y defendía que de las seis personas que lo visitaron “tres eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros tres empresarios aficionados a las armas”. El hombre, residente en España desde 1984 y al que “ni siquiera nunca le habían puesto ni una denuncia por aparcar mal”, aseguraba que tenía “muchas” armas registradas a su nombre.
Durante el juicio declaró que no comunicó a la Guardia Civil que tenía el depósito de armas y explosivos “porque entonces ya era un particular y no tenía que comunicarlo”. Así, según su versión, sólo hacía “algún favor” puntualmente para “mantenimientos menores” y no para reparaciones. El armero señaló que “tiene afición a las armas, que eso es tabú aquí en España y lo está pagando desde hace 15 años”.
Una “chatarrería”
Varios testigos, entre ellos un guardia civil retirado y un agente de la Policía Nacional, relataron cómo conocieron al condenado cuando mantenía su armería en Torreblanca. Uno de los testigos que acudió a la caseta clandestina aseguró que era más bien una “chatarrería”.
La sentencia considera que el hombre, tras cerrar su armería, siguió trabajando en su caseta particular para antiguos clientes, amigos y conocidos, “algunos de los cuales tenían antecedentes policiales”. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón reconoce que lo hacía por pequeñas cantidades e incluso por algún almuerzo pero rechaza que los hechos se puedan ventilar con una simple sanción administrativa al existir peligro para la seguridad ciudadana por la “potencialidad lesiva” del arsenal.
“El dolo se da porque tenía un depósito no autorizado para él en esos momentos dado que tenía la condición de particular y máxime en un profesional de las armas como hubiera sido su caso conocía perfectamente la reglamentación administrativa”, reza la sentencia, que también recuerda que “para guardar la pólvora se tiene que tener en un depósito y la caseta no tenía medidas de seguridad ni estaba autorizada para ello”.
El fallo también alude a su actuación durante la entrada y registro de la Guardia Civil en su vivienda: “A sabiendas, escondió en una cajonera de una persiana dos armas con conocimiento de que no estaba actuando” conforme a la legalidad.
“Nos encontramos ante un delito de peligro abstracto”, explica el fallo, que agrega: “La sociedad no puede consentir la posesión o tenencia de sustancias claramente calificadas de extremadamente peligrosas para la seguridad colectiva y que generan una inseguridad grave y cierta”.