“Me siento defraudado porque cuando compré el piso contaba con un dinero que la administración me reconoció en 2013 y no es que no me lo hayan pagado, es que hasta ahora no me habían contestado sobre la situación de mi expediente”.
Así de contrariado se ha mostrado, Manuel Pérez, uno de los 1.100 afectados que en 2013 solicitaron una ayuda, en su caso para la compra de una Vivienda de Protección Oficial (VPO), tras la convocatoria pública abierta por la Generalitat Valenciana.
Según Manuel, la Conselleria de Vivienda que entonces presidía la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, le reconoció una subvención de 8.700 euros. Sin embargo, hasta ahora y pese a las reiteradas llamadas a los servicios territoriales, no había obtenido una respuesta clara sobre la situación de su expediente.
La actual consellera, María José Salvador (PSPV), tras reunirse este martes con la Plataforma de Afectados por los Impagos de Ayudas para Vivivienda, ha revelado la causa de este silencio en relación a la solicitud de estas ayudas.
Según ha informado, su antecesora, Isabel Bonig, ordenó a los servicios territoriales en julio de 2013 que denegaran todas solicitudes de ayudas para compra, alquiler o reformas de viviendas o comunidades de vecinos, al haberse agotado los fondos públicos, pese a haberse convocado públicamente las bases de las subvenciones y pese a que los solicitantes cumplieran con todos los requisitos establecidas en las mismas.
Según ha explicado Salvador, los funcionarios de la Conselleria no acataron esta orden, al considerarla fuera del marco normativo, ya que entendían que no podían denegar la concesión de una ayuda convocada públicamente si el intereado cumplía los parámetros exigidos.
Por este motivo, todos los expedientes en tramitación desde esa fecha, incluido el de Manuel Pérez, quedaron en un cajón sin resolver.
Una situación, que según Salvador, afecta a 1.100 personas, núcleos familiaries o comunidades de propietarios que cumplían los requisitos para cobrar ayudas para la compra de una vivienda, para un alquiler o para ejecutar una rehabilitación.
Así, el montante total de subvenciones reconocidas para estos beneficiaros asciende a 60 millones de euros, una cantidad que se suma a la deuda de 280 millones que ya había reconocido el Consell, de los cuales se han pagado ya 220 millones. Además, los 60 restantes estaban pendientes de abonarse este mismo año.
Salvador ha explicado que la Intervención General de la Generalitat será la que valide, si procede, estas ayudas, y ha anunciado que estuadirán la legalidad de las medidas acordadas por los anteriores responsables de la Conselleria y que, si procedere, adoptarán medidas judiciales: “Queremos llegar hasta el fondo en esta cuestión”, ha advertido.