La primera propuesta de reforma constitucional ya está sobre la mesa. La Generalitat Valenciana ha presentado este martes su documento para la reforma constitucional, el primero oficial que se ha planteado. Una propuesta con claro espíritu del Botànic, que busca una Constitución más participativa.
Así lo han indicado el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, cuyo departamento ha elaborado buena parte del documento. Según el conseller, no habría que preguntarse si cabe una reforma de la Carta Magna, puesto que los cambios del país y del entorno son tales que explican esta necesidad por sí sola.
La norma incluye el apartado “derechos para rescatar personas”, que recuerda el eje primero del pacto de gobierno entre las fuerzas de la izquierda valenciana, en el que se propone establecer como derechos fundamentales la expresión de la identidad de género sentida -derecho a la diversidad de orientaciones sexuales y a la libre identidad de género-, el derecho subjetivo a la vivienda digna, blindar el sistema de servicios sociales -convertirlos en derecho subjetivo-, que los dictámenes de la ONU sean vinculantes y mejoras en los derechos de asilo, a la intimidad y el honor en el contexto tecnológico y a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, dedica un párrafo a la protección de los derechos laborales y la lucha contra la precariedad.
Pero, sin duda, al apartado que mayor importancia da el Ejecutivo autonómico (dada su extensión) es al replanteamiento del modelo territorial. El objetivo del Botànic es avanzar hacia un modelo federal -del que Ximo Puig es firme impulsor- en base a varias decenas de propuestas (y numerosas críticas) entre las que se incluye la financiación autonómica, a la que se dedica buena parte del epígrafe.
El nuevo sistema debe prever la financiación autonómica “como un elemento integrante de la concepción general del Estado social” por lo que se “debe garantizar la suficiencia financiera de las autonomías, con prioridad para garantizar los derechos sociales”. Es decir, cubrir como mínimo los gastos en la Sanidad, Educación y Servicios Sociales. “Para ello es preciso establecer mínimos de gasto que garanticen la protección de la prestación de los servicios, así como máximos de gasto para hacerlo financieramente sostenible, que deben ser periódicamente actualizados”, añade la propuesta, que señala que debe actualizarse el sistema de reparto cada cinco años.
Entre los apuntes, se plantea considerar a los ayuntamientos como “un tercer pilar del Estado a los que la Constitución debe reconocer unas competencias básicas que delimiten el ámbito común de la autonomía municipal y garantías de una financiación suficiente, equitativa y solidaria para su ejercicio, sin menoscabo de que las Comunidades Autónomas puedan incrementar esas competencias estatutariamente o por ley autonómica”. Asimismo, propone que “se deben prever fórmulas de cooperación” entre gobiernos locales.
El departamento de Alcaraz aboga por una reforma del Senado para incrementar la representación territorial -la vocación de este órgano- y que haya al menos un representante de cada comunidad autónoma en la Cámara Baja, en función de su peso poblacional. “Queremos convertir el Senado en una Cámara estrictamente territorial o no tiene sentido que exista”, ha indicado Puig.
En el preámbulo, el Consell quiere incluir la lucha contra el cambio climático y contra la violencia de género, así como la promoción de la transparencia y la democratización del acceso al conocimiento. Por otra parte, en el segundo eje, “hacia una democracia avanzada”, el documento insta a buscar un sistema electoral más proporcional y reflejar la pluralidad del sistema judicial. Ambos dirigentes han insistido en que se trata de una propuesta abierta a todas las aportaciones.