El Constitucional admite el recurso de Puig contra los presupuestos de 2016

La lucha del gobierno valenciana por conseguir más fondos que eviten problemas financieros a la Generalitat Valenciana sigue. El presidente del Consell, Ximo Puig, junto con la consellera de justicia, Gabriela Bravo, presentó un recurso de inconstitucionalidad al considerar que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 suponían “una discriminación para cinco millones de valencianos”. Ese recurso lo ha admitido ahora el Tribunal Constitucional

Según informa Europa Press, la admisión del recurso supone dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso y al Senado, así como al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. El recurso afecta a los capítulos relacionados con las transferencias a las comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado, los sistemas de financiación de entes territoriales y el fondo de suficiencia global.

Puig presentó el recurso al entender que los presupuestos “mantienen unos ingresos insuficientes para mantener los servicios públicos fundamentales”, a pesar de que “la Constitución establece que deben estar suficientemente financiados”. Desde la Generalitat, indican que la reforma del sistema de financiación de 2009 se fijó un fondo de suficiencia global para “ajustar las diferencias” entre las autonomías, pero éste “no corrige la insuficiencia que tenemos en servicios públicos fundamentales” los valencianos, dado que a la Comunitat Valenciana “le cuesta dinero”.

El Consell, además, recordó que el sistema de financiación tiene una vigencia quinquenal, por lo que en 2013 tenían que haber comenzado las negociaciones con las comunidades autónomas para actualizarlo, pero no se ha hecho. Así, “en 2014, 2015 y ahora en 2016 se ha prorrogado unilateralmente por parte del Gobierno sin contar con las comunidades autónomas”.

¿Qué ocurre si gana el Consell?

Si el Constitucional atendiese la reclamación valenciana, la financiación de la Comunidad procedente de las transferencias estatales debería aumentarse en 1.329,53 millones de euros. Esa cantidad es la misma que la insuficiencia financiera que reconoce la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2016. Así, el Gobierno valenciano recibiría la inyección de fondos suficientes para evitar mayores problemas de liquidez.