“Las restricciones en los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública nos crearon a mi pareja y a mí una situación de gran tensión en pleno proceso de embarazo porque no sabíamos si nos iban a dejar fuera del programa”.
Éste es el testimonio de Alba García, posiblemente una de las últimas valencianas que pudo inseminarse en centros públicos antes de que en 2012, el PP excluyera de este servicio a las mujeres solas o a las parejas de mujeres.
Alba, de 31 años, se casó a los 26 con otra mujer con el objetivo de formar una familia: “Empecé con las inseminaciones un año después en el Hospital de Manises, donde el trato y la atención siempre fue muy bueno”.
Así, al primer intento se quedó embarazada, pero a los dos meses sufrió un aborto natural. Sin embargo, a pesar del revés siguieron intentándolo. Según explica, les dijeron que la Seguridad Social les cubría “cuatro inseminaciones y si no conseguía quedarme embarazada, pasaba a lista de espera de fecundación in vitro”.
Mientras seguía con el tratamiento, ya empezaron a avisarles de que “iba a haber recortes” y que había “posibilidades de que interrumpieran el proceso simplemente por el hecho de no ser heterosexuales”.
Por suerte, antes de que se concretara esta restricción, Alba se quedó embarazada: “Un proceso que podía haber sido muy bonito se transformó en algo angustioso por la incertidumbre que teníamos sobre la interrupción del tratamiento, pero por suerte finalmente Daniel nació por la Seguridad Social el 21 de diciembre de 2013”.
Sin embargo, “muchas mujeres que venían detrás de nosotras se quedaron sin poder acceder a este tratamiento por la sanidad pública y tampoco se lo podían permitir económicamente en la privada, lo que supone un caso flagrante de discriminación”.
Según Alba, “la crisis ha sido más dura para nosotras porque pese a pagar los mismos impuestos que las parejas heterosexuales, se nos ha excluido de este servicio”.
El tratamiento en la privada, 18.000 euros
Raquel y Elena pueden dar fe de ello. Ellas intentaron acceder al programa público de reproducción asistida en marzo de 2012 y después de haber pasado todas las pruebas y trámites, les denegaron la asistencia: “Fuimos al Clínico y nos dijeron que había una circular interna que nos dejaba fuera, es muy duro de gestionar a nivel humano esa discriminación, el por qué una mujer heterosexual sí que podía acceder a ese servicio y yo no”.
Así, tras poner varias reclamaciones y plantearse ir al Constitucional, decidieron centrar sus esfuerzos en cumplir su sueño de ser madres, aunque por la privada. El tratamiento les costó “18.000 euros” y para pagárselo tuvieron que pedir “un crédito” y renunciar “a muchas cosas, como irnos de vacaciones”.
Además, Raquel comenta que tuvieron la sensación en algún momento de que “mercadeaban con nosotros ya que cada prueba o medicamento costaba un dineral; en la pública es diferente porque ahí no miran el dinero, sino que el tratamiento funcione bien”. Por suerte, finalmente cumplieron su ilusión y el pasado mes de junio tuvieron a Candela.
Sanitat restablece la universalidad
Ahora, con la llegada del nuevo gobierno autonómico de izquierdas encabezado por Ximo Puig, la situación se ha revertido. La consellera de Sanitat, Carmen Montón, anunció recientemente que desde el pasado 19 de octubre todas las mujeres pueden optar de nuevo a este servicio independientemente de su situación o condición sexual.
Sin embargo, desde el colectivo Lambda han recordado que sigue existiendo una orden ministerial que está en vigor desde 2014 que discrimina a las parejas de mujeres en los programas de reproducción asistida y que se aplica en varias comunidades autónomas, pese a que una sentencia reciente de un juzgado de Madrid ha fallado que no se ajusta a derecho porque no tiene en cuenta los diferentes tipos de familia.
Por este motivo, han exigido al Ministerio de Sanidad que derogue esta orden y que garanticen el acceso de todas las mujeres españolas, sin discriminación alguna, a estos tratamientos por la Seguridad Social en toda España.