Ha llegado el día. Dieciocho meses después de la denuncia presentada por Rosa Pérez, diputada provincial de Esquerra Unida, esta mañana la policía ha detenido finalmente a Alfonso Rus, quien lo fuera casi todo en el PP valenciano: presidente provincial del partido y de la Diputación de Valencia, alcalde de Xàtiva y diputado autonómico. Lo acompañan en el trance varios miembros de su “banda”, con los que durante años presuntamente saqueó las arcas públicas en un negocio próspero y diversificado: urbanismo, obras públicas, residencias de mayores, rehabilitación de inmuebles históricos, organización de eventos culturales... Cualquier contrato de las administraciones que gobernaban era una oportunidad de lucro debidamente aprovechada mediante el cobro de la correspondiente comisión. “Sólo nos pueden dar un dos. 20.000 euros. Yo te he dejado ahí 10.000, he dejado 5.000 para el partido porque Alfonso lo quiere así. Yo me he quedado 5.000. 10.000 tienes ahí. No se puede más”. Eso le decía Marcos Benavent, ex gerente de la empresa pública IMELSA y reconocido “yonki del dinero”, a María José Alcón, ex concejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en una de las grabaciones que Rosa Pérez aportó al Fiscal Anticorrupción el 31 de julio de 2014.
Las diez horas de grabación realizadas por Benavent entre 2005 y 2006 constituyen una parte fundamental de la denuncia, pero no la única. A partir de esas conversaciones, el equipo de Esquerra Unida -no quiero olvidarme de José Manuel Sanz y Lucas Marco- desarrolló su propia investigación sobre las empresas de Benavent y su red de testaferros, concretada en un escrito a la fiscalía de más de 70 folios, ampliado hasta en siete ocasiones. Sobre esa base el fiscal siguió investigando y, a principios de 2015, el caso se judicializó bajo secreto de sumario. Tirando de un hilo salieron muchos más y, poco a poco, se fue desmadejando el ovillo de una trama de corrupción que puede superar a todas las conocidas hasta ahora y que es erróneo llamar simplemente caso IMELSA o caso Rus; es el caso Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Porque queda de manifiesto que el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos era una actuación sistemática y generalizada en un partido que durante veinte años gobernó casi todas las instituciones: la Generalitat, las tres Diputaciones, los principales Ayuntamientos y una extensa red de empresas y fundaciones públicas. Como no me cansé de decir durante la legislatura pasada, un Partido Podrido de corrupción.
A muchos nos hubiera gustado que la macrorredada de hoy se hubiera practicado hace meses, antes de unas elecciones autonómicas en las que -tristemente- el PP volvió a ser la fuerza más votada aunque fuera desalojada del gobierno. Pero la justicia tiene sus tiempos y por fin ha llegado el día. Aún no sabemos el alcance completo de la investigación judicial, que previsiblemente se extenderá en el tiempo y en el espacio gracias a la confesión de Marcos Benavent. Sólo con la relación de nombres que aparecen en las grabaciones se puede reconstruir buena parte de la alineación titular del PPCV durante la última década: Alfonso Rus, Rafael Blasco -ya en la cárcel-, Gerardo Camps -aún diputado en el Congreso-, Carlos Fabra, Víctor Campos, Alejandro -¿Font de Mora?-, David Serra, Máximo Caturla... Y planeando por encima de ellos, una vez más, las dos X mayúsculas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana: Rita Barberá y Francisco Camps, quienes se libraron de la imputación en el caso Nóos por su aforamiento pero no pueden eludir su responsabilidad política -ya veremos si también penal- por el régimen de corrupción masiva que asoló el País Valenciano. Por debajo hay muchas otras x que se irán despejando con el paso de los días y el levantamiento del secreto sumarial, pero la ecuación de la corrupción está bien clara: x = PP.