Han tenido que pasar nueve años desde que saltara el escándalo Gürtel para que un político del PP valenciano reconozca el entramado mafioso que sus dirigentes montaron para arrasar en sucesivas elecciones y que les convirtió en 2007 en el partido más fuerte electoralmente hablando de la democracia valenciana y que brindó a Mariano Rajoy 1,3 millones de votos en las Generales de 2008.
No ha sido por voluntad propia sino tras la confesión de los financiadores -los empresarios contratistas de la Generalitat que pagaron la fiesta- y la banda organizada que fue el instrumento para canalizar el dinero con el que montar las campañas electorales y los actos del partido. En los comicios de mayo de 2007 el PP se gastó, que se haya podido demostrar por los investigadores, 1,2 millones de euros pese a que solo declararon poco más de 150.000 al Tribunal de Cuentas, según está transcendiendo en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel que se juzga en la Audiencia Nacional.
La Guardia Civil cree, en otra causa abierta contra los populares en el caso Taula, que, en esa campaña electoral, el PP de Valencia de Rita Barberá gastó otros 2,2 millones de euros de manera ilegal. En total, más de tres millones de euros recaudados para obtener los mejores resultados de la historia y gobernar en todas las instituciones autonómicas y provinciales de la Comunitat Valenciana y en prácticamente el 90% de los municipios. Una verdadera marea azul que barrió a la oposición.
Costa, viéndose desvestido por las confesiones de los empresarios y las declaraciones de los cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo que lo señalaron como la persona que les ordenó los pagos en B, ha salido en la mañana del miércoles a reconocer los hechos para minimizar los daños penales. El exsecretario general del PP ha reconocido el delito electoral por la financiación irregular, pero ha defendido que Francisco Camps era el cerebro y quien, junto a otros cargos políticos como el exvicepresidente Víctor Campos -fuera de la causa-, ideó el sistema por el que los empresarios abonaban los actos de campaña.
Y lo ha explicado de una manera que acredita el nivel de podredumbre al que llegó el Partido Popular valenciano. De paso, Costa ha dejado entrever que en la dirección nacional eran sabedores de lo que pasaba en la Comunidad Valenciana, aunque se lo prohibieron. “Bárcenas -el tesorero del PP- me dijo que los pagos de los empresarios son una práctica prohibida en el PP nacional y que supondría un Filesa II”, ha explicado Ricardo Costa.
Costa, al igual que hizo el propio Bárcenas, ha pedido perdón “a la sociedad” y ha dicho que no confesó antes porque su declaración en instrucción en 2012 la hizo en una situación de “muchas presiones”. Ahora todo ha cambiado, según el exsecretario general del PP, y ha asumido la culpa “por no hacer nada” y para “contar la verdad”.
Ricardo Costa ha declarado que en 2006 el vicepresidente del Gobierno Víctor Campos le citó a su despacho. “Me enseñó unos sobres que eran dinero de los empresarios”, ha afirmado. Esa tarea de recaudador, ha proseguido, “se la encargó Francisco Camps y Juan Cotino (exdirector general de la policía y expresidente de las Corts). La misma versión que ofreció la semana pasada ante el juez Álvaro Pérez El Bigotes, delegado comercial de la trama Gürtel en València.
A este dinero B que guardaban en el despacho, ha apuntado Costa, Campos sumó en una conversación en su despacho otra forma de de financiarse: “Emisión de facturas de Orange Market a los empresarios para pagar los actos del PP que organizaban”. La deuda con la empresa de la trama corrupta llegó a ser de un millón de euros, según el expolítico.
Costa ha aprovechado para señalar varias campañas municipales donde se habría entregado dinero B para abonar actos. En concreto, los comicios locales que hicieron alcaldesa a Sonia Castedo en Alicante y a los actualmente senadores del PP Alberto Fabra y Adela Pedrosa, quienes se convirtieron en alcaldes de Castelló y Elda, respectivamente.
El exsecretario general del PP ha argumentado que el gran volumen de gasto electoral que benefició a las cuentas de resultados de Orange Market fueron los caprichos de Francisco Camps que pedía “castillos de fuegos artificiales, bandas de música o animadores” para los mítines. Además, ha apuntado, las campañas electorales no tenían presupuesto y sus gastos crecían de manera exponencial según avanzaba. Camps disponía y El Bigotes proveía.