La asociación católica Abogados Cristianos ha amenazado con acudir a los tribunales si el Ayuntamiento de Castellón no recula en la retirada de la cruz a los caídos del Parque Ribalta, aprobada en pleno la semana pasada. Desde la asociación de ámbito nacional –que asesora a la Plataforma en Defensa de la Cruz de Ribalta, cercana al Partido Popular- insisten en que es únicamente un símbolo religioso y amenazan con querellarse contra la concejala de Cultura, Verónica Ruiz, por prevaricación.
Preguntada por este diario, la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, denuncia una ofensiva contra los católicos por parte del equipo de gobierno de Castellón. “La alcaldesa y algún concejal de Compromís ya han amenazado con que quieren destruir la cruz, entonces nosotros hemos advertido que vamos a interponer medidas cautelares ante algo que es completamente ilegal”, ha expresado Castellanos.
“Si siguen amenazando y persiguiendo de semejante manera a los católicos también interpondremos una querella por prevaricación. No hay ninguna excusa legal y democrática para destruir una cruz que no tiene connotaciones políticas, a no ser que nos encontremos frente a algún tipo de dictadura marxista-leninista”, ha remarcado.
Ante las preguntas sobre que el lugar pueda ser usado como lugar de peregrinaje para distintos grupos de extrema derecha, Castellanos ha declarado que “también se reunieron hace relativamente poco en la Plaza de Oriente. ¿Tenemos entonces que destruir también la Plaza de Oriente de Madrid? Ese argumento carece de cualquier sustento jurídico. Porque vaya allí gente o porque se construyera hace cincuenta años significa que es un monumento franquista? Los embalses también, ¿tenemos que destruir los embalses?”.
Esta misma asociación está también detrás de la querella interpuesta –junto a otra presentada por el Partido Popular- contra la alcaldesa de Vall d'Uixó, Tania Baños, tras la retirada de una cruz franquista en la localidad el pasado junio. De la misma forma, interpuso acciones legales contra el Ayuntamiento de Callosa del Segura, que ya retiró el símbolo franquista, en medio de protestas de grupos de ultraderecha, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y del que asegura que comparte con el consistorio de Castellón un gobierno “de corte marxista-leninista, dictatorial y autoritario” que encabeza la persecución católica. El Ayuntamiento de la capital de La Plana está gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo de la plataforma Castelló en Moviment.
Verónica Ruíz, al frente de Cultura, ya preveía la semana pasada, a la salida del pleno, las acciones legales de Abogados Cristianos y aseguraba “no tener miedo y tener ganas de iniciar cuanto antes el expediente”.
“La Cruz de los Caídos no es un símbolo religioso, sino un símbolo de la represión franquista que se erigió en 1944 y, aunque a finales de los años 70 se eliminasen las rúbricas originales, no deja de ser eso, un monumento a la exaltación de la represión de Franco, tal y como lo ha corroborado el Comité de Expertos de la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana. Por tanto, no tengo ningún miedo a esa querella porque la retirada de la Cruz de los Caídos no es otra cosa que una acción más para cumplir la Ley de Memoria Histórica”, declara Ruiz.
Fuentes del Consistorio declaran que el Ayuntamiento de Castellón cumplirá con la Ley de la Memoria Histórica y que quien cuestione las decisiones municipales tiene derecho a hacerlo por la vía que crea necesario.