Los grupos parlamentarios manejan un buen presupuesto sin apenas control. En el portal de Transparencia de las Corts Valencianes no aparece factura alguna que justifique los gastos de cada grupo. Según la ley de subvenciones, los partidos no deben justificar al detalle todos sus gastos para recibir la cuantía por representación porque ya disponen de su propia regulación en la ley de Financiación de Partidos Políticos.
Cada grupo parlamentario recibe una cuantía fija mensual de 10.500 euros y dos partidas variables: 1.400 euros mensuales por diputado para gastos y 1.000 euros mensuales por diputado para contratación de personal. En total, en un año, los seis grupos han recibido 3,6 millones de euros de la cámara. Por su tamaño, el grupo que menos recibe es Unides Podem, con 8 parlamentarios y 30.000 euros mensuales, y el que más el PSPV, con 27 diputados y 76.000 euros mensuales. Al margen de esta cifra se cobra kilometraje y los diputados con necesidades especiales reciben apoyo económico y material de la cámara.
El reglamento de las Corts Valencianes indica que los grupos deben tener la información disponible para cuando el parlamento se lo solicite, pero la ley no les obliga a presentar todas las facturas. Este balance, la diferencia entre ingresos y gastos y la contabilidad real de los grupos, es el único documento que presentan en la cámara y de acceso público.
El presidente de la cámara, Enric Morera, lleva peleando contra esta opacidad una legislatura, como el Síndic de Comptes, que abronca cada año a los partidos por las mismas razones. Paradójicamente, solventar esta cuestión está únicamente en la mano de los grupos parlamentarios, que se autorregulan en la comisión de Gobierno Interior, la única vetada al público y a los periodistas. Según fuentes parlamentarias, en estas sesiones todos los grupos se niegan a dar más información sobre sus gastos, aunque los valencianistas aseguran que plantearon un modelo más transparente, similar al del Ayuntamiento de Valencia, sin obtener respuesta afirmativa.
Aunque la fiscalización de las cuentas es obligatoria y la realiza el Tribunal de Cuentas a los partidos, la transparencia en los grupos parlamentarios es prácticamente voluntaria. Así, queda a disposición de los partidos informar o no de cuánto dinero gastan en personal y en otras cuestiones.
Por grupos y según la web de las Corts Valencianes, Compromís es el partido que más invierte en personal del grupo parlamentario, con 17 trabajadores para 17 diputados y una cuantía asignada con este fin de 17.900 euros. El grupo explica que el salario de los trabajadores no sólo viene de la partida asignada para ello y que de la subvención mensual destinan un 90% para pagar a personal. Añade que tienen trabajadores parlamentarios que se ocupan de las provincias de Alicante y Castellón y que las cuentas del grupo parlamentario se auditan por el Tribunal de Cuentas. El grupo parlamentario cuelga en el portal de transparencia del partido las memorias que presenta anualmente, así como el balance en las Corts Valencianes.
El PP, por su parte, tiene a ocho personas contratadas para apoyar al grupo, cinco secretarios y tres periodistas con funciones de personal de comunicación, con una cuantía mensual de 20.000 euros para este fin por sus 19 diputados. Por ratio, es el segundo partido que menos personal por diputado tiene. Los populares niegan que se pague una retribución extra a la dirección, como publicó este diario el pasado año, y aseguran que sólo reciben la cuantía que figura en la contabilidad del parlamento.
El caso del PSPV es diferente al del resto de grupos parlamentarios. Los socialistas valencianos envían todos sus ingresos por subvenciones al PSOE. Según explica la dirección del grupo, el partido no permite que cada federación tenga su identificación fiscal y controla todo desde la dirección nacional. Así no se permiten duplicidades, afirman. De esta forma, el Tribunal de Cuentas fiscaliza los gastos del grupo parlamentario y también lo hace la dirección de Ferraz. Sus trabajadores, tanto los del partido como los del parlamento, se contratan desde el PSOE y después se distribuyen en función de necesidad. En el portal de las Corts Valencianes constan 7 trabajadores del grupo parlamentario y recibe para ello 28.500 euros mensuales.
Ciudadanos es el único partido que detalla sus gastos del grupo parlamentario de forma pública. El partido recibe 54.700 euros mensuales de las Corts Valencianes de los que gasta más de 30.000 euros en personal, con 12 trabajadores, contando la tributación a la Seguridad Social. El partido gastó en diciembre 20.000 euros en una campaña publicitaria y envía periódicamente al partido 4.500 euros en cumplimiento de la ley de financiación de partidos. El grupo parlamentario abrió sus cuentas el pasado septiembre tras denunciar la opacidad de la cámara valenciana.
En el caso de Unides Podem-Esquerra Unida constan 7 trabajadores, aunque dos de ellas están a cuenta directamente de la cámara autonómica. Son las intérpretes de lengua de signos de la diputada Pilar Lima, que el parlamento retribuye con 7.000 euros. El grupo parlamentario recibe una asignación de 8.500 euros para los cinco trabajadores restantes, aunque señala que uno de ellos cobra el salario de Esquerra Unida. A Compromís y al PSPV también se les apoya económicamente con 3.600 y 4.700 euros respectivamente para los asistentes de dos diputados. De la subvención que recibe Unides Podem (30.149 euros mensuales en total), 12.778 van a contratar personal. Los diputados de Podemos exceden con el complemento de kilometraje su limitación salarial, autoimpuesta en el código ético a tres veces el salario mínimo. Ese excedente lo donan al partido. Los diputados renunciaron al seguro de vida, a la tarjeta de la autopista y a parte de la compensación del parking.
El grupo parlamentario de Vox recibe una asignación mensual de 35.000 euros, de los que 10.500 corresponden a la cuantía para personal por sus diez diputados. Según el documento al que se tiene acceso en la web, el grupo cuenta con seis asesores, una de ellas imputada por fraude en una oposición. El partido inició su andadura parlamentaria el pasado marzo y todavía tiene plazo para presentar sus balances.