Un dato frena medidas más drásticas en territorio valenciano: la velocidad de propagación del virus cae en 9 días por debajo del umbral de riesgo
“A medida que pasen las semanas podremos analizar y conocer el impacto de las medidas tomadas para contener la pandemia, pero el criterio de los expertos y de salud pública aconsejaba nuevas medidas complementarias; la Comunitat Valenciana no está en estos momentos en situación de adoptar el confinamiento domiciliario”.
Así se pronunció el pasado viernes 6 de noviembre el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, tras anunciar nuevas medidas restrictivas en cuanto a reuniones sociales.
Puig, sin embargo, se resiste de momento a aplicar medidas drásticas como podría ser el cierre de la hostelería o incluso el confinamiento domiciliario, con la esperanza de que la curva de contagios comience a aplanarse con las restricciones aprobadas hasta ahora, principalmente el toque de queda nocturno y el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana.
Uno de los indicadores más determinantes para lograr el control de una pandemia parece avalar la postura del presidente e invita a la esperanza. De hecho, a buen seguro es uno de los datos que están frenando la adopción de medidas más drásticas.
El número reproductivo básico (R), indicador que estima la velocidad con la que el coronavirus puede propagarse, ha caído en picado los últimos 9 días al pasar del índice 1,31 el pasado 20 de octubree (el más alto de la segunda ola) al valor 0,90 el pasado 29 de octubre (0,99 de media en España), último dato recabado por el Instituto de Salud Carlos III es del pasado 22 de octubre.
Según los epidemiólogos, cuanto este valor está por debajo de 1 (riesgo de contagio a menos de una persona por afectado), la epidemia está controlada. Sin embargo, si está por encima, hay un alto riesgo de propagación comunitaria descontrolada.
Como informó elDiario.es, el número reproductivo básico superó el valor 1 el pasado 3 de octubre, y alcanzó su pico máximo el 20 de octubre (1,31), pero desde entonces ha bajado de forma progresiva. El 26 de octubre volvió a bajar del valor 1, al situarse en 0,99.
De confirmarse esta evolución, debería producirse una realentización del número de contagios y de la incidencia acumulada, por lo que los próximos días serán claves para decidir si se adoptan medidas más drásticas o se sigue contemporizando.
Según los datos proporcionados este lunes por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en las últimas 24 horas se habían detectado 711 nuevos positivos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, una cifra muy inferior al récord de 2.327 nuevos contagios registrada el pasado sábado 7 de noviembre.
En cuanto a la incidencia acumulada, según el Ministerio de Sanidad este lunes la Comunitat Valenciana alcanzaba los 248,07 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, y la tendencia en los últimos días es descendente. El día 4 de noviembre la incidencia era de 262,52 contagios, por lo que en solo cinco días ha bajado un 6% de forma progresiva.
En España la incidencia actual es de 529,43 casos por cada 100.000 habitantes en el acumulado de los últimos 14 días, una cifra casi idéntica a la registrada hace cinco jornadas (528,75).
Siete hospitales suspenden intervenciones quirúrgicas no urgentes
La otra cara de la moneda de la que también depende la adopción de medidas drásticas la representa la presión hospitalaria, que como consecuencia del aumento de contagios desde el puente de octubre no ha dejado de crecer.
Según los datos de la Conselleria de Sanidad, los hospitales valencianos contaban este lunes con 1.554 personas ingresadas, 248 de ellos en cuidados intensivos, lo que implica un 15% de ocupación en planta y un 25% en UCI, contando con el plan de contingencia que prevé que en los propios hospitales se puedan alcanzar hasta 1.200 plazas en UCI y 19.000 en planta.
Sin embargo, según han informado los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO-PV) y UGT-PV, la presión hospitalaria mayor en siete hospitales ha obligado a suspender parcial o totalmente las intervenciones quirúrgicas no urgentes que requieren ingreso, ya que en algunos casos se habilitan quirófanos para ganar plazas de UCI. Es el caso de los hospitales de Xàtiva, Arnau de Vilanova, General de Alicante, Orihuela, Manises, Elda y Sagunt.
Al respecto, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV. Rosa Atiénzar, ha comentado que “la sanidad pública sigue en un momento delicado, la presión asistencial es cada vez más alta en esta segunda ola, llegando a cifras de la última semana de marzo, y el personal se encuentra, en muchos casos, agotado y desbordado”.
Por este motivo, ha solicitado que se adopten “las medidas necesarias para incrementar las plantillas de manera estable, estructural y permanente ya que hace falta tomar medidas excepcionales pero no a costa de los derechos del personal, que no debe verse obligado a soportar, a costa de su salud, las deficiencias estructurales de la plantilla del sistema sanitario, ni puede suponer la supresión de derechos esenciales relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar”.
Para, este sindicato “la propuesta de la Conselleria de Sanidad de modificación, si fuese necesario, del régimen de jornada, permisos y vacaciones del personal posibilitando jornadas exhaustivas y sin garantizar el descanso semanal, además de poner en riesgo la salud de los profesionales y la ciudadanía, perjudica la calidad del servicio”, por lo que insta a que redoble “sus esfuerzos en incrementar la contratación de personal para poder atender las exigencias de la COVID-19 en esta segunda ola”.
Precisamente, este lunes Sanidad anunció la renovación de los contratos de 7.000 sanitarios contratados para hacer frente a la pandemia.
El portavoz en materia de sanidad de UGT, Jesús García, también ha manifestado la oposición del sindicato a la resolución de Sanidad de adopción de medidas para garantizar la capacidad del Sistema Valenciano de Salud en materia de recursos humanos por las jornadas excesivas sin los debidos descansos, por los cambios de funciones sin criterios claros o por la posible movilidad geográfica sin compensación económica que además limita la conciliación familiar.
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