La forma de abordar la situación del bloque de Portuarios del Cabanyal se ha convertido en un potencial foco de conflicto en el seno del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València que dirige el alcalde Joan Ribó (Compromís), con el apoyo del PSPV y València en Comú (plataforma dirigida por Podemos).
El edificio, que cuenta con 168 viviendas, de las que 52 están ocupadas ilegalmente (28 de ellas de propiedad pública) presenta tres claros problemas: uno estructural por el mal estado que presenta, otro urbanístico puesto que está fuera de ordenación y por el último y más complicado, uno social por la precaria situación de algunas de las familias que allí residen.
Frente a ellos el Govern de la Nau decidirá en los próximos días si apuesta por una actuación integral con una alto coste para los vecinos o por una solución blanda más asumible, posiciones que defienden respectivamente dos de los tres socios, lo que complica a priori un posible acuerdo.
En concreto, el PSPV, por medio del concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, ha anunciado oficialmente este miércoles que apostará por la demolición del inmueble para su posterior reconstrucción dando facilidades de realojo a los propietarios, tanto durante las obras como en las futuras viviendas.
Esta opción está valorada en 13,7 millones de euros, por lo que cada familia asumiría una deuda de hasta 81.547 euros, de los que habría que descontar las ayudas públicas.
Sarriá apoyará su propuesta con dos completos y contundentes informes de la empresa pública Actuaciones Urbanas de València (AUMSA), los cuales concluyen que “la vida útil de la estructura se encuentra completamente agotada” y que está en situación de ruina legal, puesto que el coste de una rehabilitación integral superaría el de una nueva construcción.
Para llevar a cabo los estudios se han realizado catas en vigas, forjados y cubiertas y se ha analizado en laboratorios el estado del hormigón. Según los responsables del mismo, “los datos indican que el hormigón soporta menos de una cuarta parte de la resistencia que debería tener un proyecto nuevo”.
Además, “la estabilidad de la estructura está por debajo de la exigida en la reglamentación actual, pero también de la de los años 50”.
El edil socialista ha asegurado que los informes incluyen diferentes posibilidades para que cada familia, en función de su situación, pueda hacerse cargo de la cuantía de la actuación. Una de ellas pasaría por incluir la deuda con cargo al Ayuntamiento en un registro, la cual se abonaría si se produjera una futura venta del inmueble.
En cuanto a las ocupaciones ilegales, Sarrià ha comentado que serán los servicios sociales los que se hagan cargo de su situación y de darles una alternativa habitacional.
El responsable de Urbanismo ha asegurado que el equipo de Gobierno debe tomar una decisión en breve, ya que lo que finalmente se decida se deberá incluir en el Plan Especial del Cabanyal. Una vez se incluya la solución final, saldrá a exposición pública.
Sobre la posición del PSPV, la Plataforma Bloque Portuarios ya mostró este martes su rechazo al considerar que ninguna de las familias puede asumir los costes económicos y que en la práctica se traducirá en la expulsión de la mayoría de ellas.
A años luz de los socialistas, se sitúa la propuesta de València en Comú. Su portavoz y concejala de Vivienda, María Oliver, maneja un informe alternativo de sus técnicos que asegura que se puede llevar a cabo una rehabilitación de bajo coste, en concreto, de 2,3 millones de euros, es decir, 13.000 euros por propietario.
Esta actuación no requeriría de un proceso de realojo, puesto que se podría compatibilizar con la vida en las viviendas.
Este informe añade que el bloque posee unas condiciones correctas y suficientes de seguridad y habitabilidad para continuar en uso, siempre y cuando se mejoren y renueven los aspectos más deteriorados.
València en Comú también propondrá realizar un censo de vecinos que defina quiénes forman actualmente la comunidad del edificio Bloque Portuarios y defenderá que sea esta comunidad la que decida qué tipo de rehabilitación quiere para el edificio.
Por su parte, desde el grupo municipal Compromís han comentado que su postura de partida es favorable a la rehabilitación, pero siempre teniendo en cuenta todos los informes técnicos. Una vez analizados con detalle, fijarán una posición final que será la que defiendan ante los socios.