Tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de dos leyes que regulan normas civiles valencianas -la de Régimen Económico Matrimonial y Uniones de Hecho- se mantiene la tensión sobre la tercera recurrida, la ley que regula la custodia compartida.
Tras el fallo del tribunal, la Asociació de Juristes Valencians, entidad en defensa de las normas civiles autóctonas, ha intensificado su campaña de concienciación y presión para que el Gobierno central retire el recurso. Esta asociación ha contactado con ayuntamientos de toda la comunidad y con las direcciones de los partidos políticos para explicar los riesgos de que el Constitucional inhabilite a la autonomía a legislar en esta materia.
Desde el inicio de la campaña, se han adherido más de 100 municipios, grandes y pequeños y se espera que de forma inminente lo hagan otros tres. También han mostrado su apoyo las tres Diputaciones Provinciales y todos los partidos políticos han prometido pelear por este derecho, salvo Ciudadanos, que aboga por un derecho civil unificado en todo el Estado.
Los ayuntamientos, diputaciones, asociaciones de abogados y otros sectores de la población civil, así como los partidos políticos, instaron al Gobierno Central a retirar los recursos de inconstitucionalidad de estas tres leyes. El Ejecutivo del PP se negó, aduciendo que consideraba una “imprudencia” su retirada si había informes jurídicos de la Abogacía del Estado contrarios a las mismas. Dada la inacción del Gobierno, el recurso prosperó y el TC ya ha suspendido dos de las tres leyes recurridas: la Régimen Económico Matrimonial y Uniones de Hecho. Ahora se espera que el tribunal se pronuncie sobre la ley de custodia compartida entre septiembre y octubre.
La suspensión, matizan desde la AJV, se realiza porque el Constitucional considera que la Comunidad Valenciana no tiene competencia para realizar estas leyes, no por el contenido de las mismas. Esto supone, en opinión de los juristas, una injusticia clara porque supone que los valencianos no pueden legislar sobre su derecho civil de la misma forma que en los últimos años lo han hecho los catalanes, los gallegos o los vascos.
El primer fallo del Constitucional explica que el Estado tiene atribuida, con carácter general, la competencia exclusiva en materia de legislación civil, amparándose en el artículo 149.1.8 de la Carta Magna. Asimismo, determinó que la Comunidad Valenciana sí tiene capacidad para legislar, pero de forma muy limitada. La validez o no de las leyes que se promulguen dependerá de si se puede acreditar la existencia de reglas consuetudinarias que estuvieran en vigor cuando se promulgó la Constitución. A efectos prácticos, esto se reduce a los arrendamientos agrarios.
Las sentencias que tumban estas dos leyes no tienen carácter retroactivo; es decir, que no afecta a los matrimonios ya elaborados, pero a partir de la resolución los valencianos se casan en régimen de gananciales -a menos que indiquen que desean lo contrario en el momento de realizar la unión- y las normas relativas a parejas de hecho dejan de estar en vigor. Esto implica que se mantiene el reconocimiento de ‘pareja de hecho’ pero que los integrantes pierden sus derechos, tales como el uso de la vivienda fallecido uno de los miembros. En el caso de la ley de custodia compartida, su derogación vendría a significar que, en caso de no haber acuerdo entre los progenitores -siempre salvaguardando el interés del menor- dejaría de estipularse este régimen por defecto, ya que la legislación estatal no tiene una normativa específica sobre custodia compartida. La tendencia en la mayor parte de los juzgados es a otorgar la custodia a la madre, con régimen de visitas para el padre, pese a que el Tribunal Supremo es cada vez más favorable a la custodia compartida.
¿Qué soluciones podría haber? según los expertos, la reforma de la Constitución. En la modificación que plantean PSOE, Ciudadanos, Podemos o Izquierda Unida cabría introducir la reforma del artículo 149.1.8 de la Carta Magna, que establece las competencias de las autonomías.
Colaboración entre Consell, la UV y la RACV
El Gobierno valenciano aprobó el viernes un convenio de colaboración entre la Conselleria de Transparencia y la Universitat de València para contribuir al desarrollo de actividades a través de la Cátedra de Derecho Foral Valenciano durante 2016.
La cátedra tiene como objetivo realizar actividades relacionadas con el Derecho Foral Valenciano, actuaciones que contarán con una financiación de 30.000 euros a través de la Conselleria de Transparencia. Así, se pondrán en marcha acciones formativas de investigación, difusión y divulgación que contribuyan a afianzar el derecho foral en la Comunitat Valenciana.
En el aspecto formativo, se impulsarán becas y ayudas de formación, la convocatoria de premios o la colaboración en planes de formación con otras instituciones en esta materia.
De igual modo, a través de la cátedra se colaborará en el desarrollo de líneas y trabajos de investigación; realización de tesis doctorales; promoción de encuentros nacionales e internacionales de expertos y cooperación para proyectos de investigación.
Asimismo, para la difusión y la divulgación de la cátedra está previsto organizar congresos, jornadas, seminarios o encuentros; la concesión de becas y ayudas a proyectos de investigación y la elaboración de publicaciones. Igualmente, se prevé la creación y el mantenimiento de herramientas de difusión a través de Internet.
El Consell también aprobó un convenio de colaboración entre la Conselleria de Transparencia y la Real Academia de Cultura Valenciana para contribuir al desarrollo de actividades relacionadas con el Estatuto de Autonomía y el Derecho Foral Civil Valenciano durante 2016.
El convenio contará con una financiación de 9.000 euros para impulsar actuaciones divulgativas, de formación, difusión y promoción en estas materias, ha detallado la administración autonómica. Entre las acciones previstas se realizarán jornadas, seminarios, cursos y exposiciones, así como la edición de publicaciones.