Una pieza del 'caso Azud', aún bajo secreto, busca el rastro de la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE a poco más de medio año de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Esta semana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas, ha registrado las sedes de cuatro empresas: Construcciones Luján, Acciona, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa) y Acuamed. Una veintena de personas, entre nuevos investigados y testigos, declaran ante los agentes de la UCO en la Comandancia de Patraix en el marco de las derivadas de una presunta trama que afecta tanto al PP como al PSPV, en la oposición hasta el 2015.
En el sumario ha aflorado el papel clave de dos personajes de peso en los socialistas valencianos: el exsecrtetario de finanzas Josep Maria Cataluña, suspendido de militancia, y el abogado José Luis Vera. Los investigadores tiraron del hilo de las anotaciones de las reuniones que mantenía el empresario Jaime Febrer, presunto corruptor, con pesos pesados de los socialistas valencianos y detectaron el supuesto papel del entonces director de relaciones institucionales de la empresa Acuamed, el socialista Joan Navarro, también imputado en la causa, en un convenio para conseguir recursos hídricos de la desoladora de Muxamel-Campello para el municipio donde la presunta trama se traía entre manos un Programa de Actuación Integrada (PAI), que incluía la construcción de viviendas y de un campo de golf en terrenos clasificados como no urbanizabas.
En el registro de la vivienda del extesorero del PSPV, los agentes de la UCO hallaron documentación que revelaría, según los investigadores, presuntas comisiones del 6% vinculadas a una UTE formada por Acciona y Construcciones Luján en el marco del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006. Ambas empresas fueron adjudicatarias, por 39,7 millones de euros, en un concurso de la empresa estatal Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente al frente del cual estaba en aquella época Cristina Narbona, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La Guardia Civil sospecha que el concurso estaba amañado. En la documentación intervenida al exresponsable de finanzas del PSPV-PSOE figuran cantidades vinculadas a la “condición de adjudicación” y otras a “factura a recuperar en proyecto (teóricamente)”. Según la tesis de los investigadores del instituto armado, las dos firmas debían abonar 2,5 millones de euros en concepto de presuntas comisiones (algo más del 6% del importe de adjudicación).
La UCO ha registrado las sedes de las dos empresas (en el caso de Acciona tanto en Madrid como en Valencia) en busca de documentación sobre la adjudicación. Acciona ya aparecía en el sumario del 'caso Azud' por el presunto pago de una comisión de 2,2 millones de euros al cuñado de Rita Barberá, José María Corbín y al abogado Diego Elum vinculada a la gestión del saneamiento.
La firma Construcciones Luján también estuvo implicada en el 'caso Taula' mientras que el propietario de Farsa, el empresario Enrique Gimeno está procesado en el 'caso Fabra II'. Además, el sumario también documenta un pago de 72.629 euros de la agencia de publicidad Crespo Gomar, implicada en una investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSPV que fue archivada por prescripción, a una de las firmas pantalla del 'caso Azud'.
Los investigadores de la UCO, además de tomar declaración a una veintena de personas, entre nuevos investigados y testigos, analizan la documentación hallada en los registros de las empresas. La titular del juzgado de instrucción número 13 de València acordó el pasado lunes prorrogar treinta días más el secreto de cinco piezas separadas del 'caso Azud', una de las cuales afecta a la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE.
El presunto corruptor del 'caso Azud' mantenía dos frentes abiertos: proyectos urbanísticos controlados por el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá, con su cuñado como mediador, y consistorios gobernados por el PSPV-PSOE como Burjassot o Benicàssim, con el abogado Jose Luis Vera como interlocutor. De hecho, los investigadores hallaron una lista de objetivos prioritarios para supuestos pelotazos urbanísticos en la que figuraban 24 ayuntamientos del PP y 13 del PSPV-PSOE. La jueza levantó el secreto del grueso del sumario el pasado mes de abril y mantiene como investigadas a unas 60 personas.