Las desaladoras que el PP combatió demuestran ser útiles contra la sequía
Desde que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero fulminara en 2004 el trasvase del Ebro, el PP volcó su rechazo y sus esfuerzos en desvirtuar las desaladoras. En el caso valenciano, la guerra del agua, armada por los populares, puso en el foco la planta de Torrevieja, una de las principales instalaciones del plan que la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona impulsó como alternativa al trasvase del Ebro.
Proyectada en 2004 como la más grande de Europa, fue el gran proyecto de Narbona contra la sequía, al que la Generalitat Valenciana gobernada por el PP no dejó de poner trabas. A través de Esteban González Pons, Miguel Arias Cañete y dirigentes locales como Isabel Bonig -hoy presidenta del partido-, José Císcar y Eva Ortiz ha mantenido una virulenta oposición a las desaladoras. González Pons, ahora eurodiputado popular, decía en 2008 que “si el PP gana las elecciones no habrá desaladoras”. Firme defensor del trasvase del Ebro, aseguraba que el modelo de desalinizadoras es “humo, salitre y muerte para la pradera de posidonia”. Bonig, entonces consellera de Infraestructuras cargaba contra el gobierno socialista por haber gastado 494 millones de euros en total -cerca de 300 en la planta de Torrevieja, de los cuales 55 procedían de ayudas europeas- en unas plantas con las que “no sabemos qué hacer”.
La desalinizadora de Torrevieja tardó más de seis años de obras y burocracia en estar operativa en fase de pruebas. Gestionada por Acuamed, actualmente tiene capacidad para generar 80 hectómetros cúbicos de agua al año, aunque todavía no ha llegado a esa cifra al no contar con la energía necesaria. El precio del agua desalada es notablemente superior al del agua trasvasada, principal argumento en contra para las asociaciones de agricultores y en el que ha basado el PP su rechazo. La planta, según Acuamed, se construyó para “ complementar” los volúmenes correspondientes al trasvase Tajo-Segura para abastecimiento y regadío en caso de escasez de recursos en la cabecera del Tajo o al menos para “reducir el déficit de aplicación de las zonas regables dependientes del trasvase, mediante un aporte complementario de recursos proveniente de la desalación”.
Trece años después de la derogación del Plan Hidrológico Nacional, el Gobierno central aboga ahora por la utilización de esta planta. Los regantes del Tajo-Segura utilizan desde mayo el agua de esta planta, cuando el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorizó el suministro de 21 hectómetros cúbicos. Este lunes, el departamento encabezado por la ministra Isabel García Tejerina ha iniciado las obras de emergencia para incrementar el rendimiento y uso de seis desalinizadoras entre la Comunidad Valenciana y Murcia. 11’5 millones de euros para el total y 6 millones para las plantas de Torrevieja y San Pedro del Pinatar (Murcia).
Por parte del Gobierno valenciano, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, manifestó la semana pasada en una visita a Torrevieja su intención de que las plantas operen al máximo paliando el déficit hídrico. “Las gestiones están muy avanzadas, tanto en la Dirección General de Industria de la Generalitat como en la Conselleria de Medio Ambiente”, afirmó, y manifestó la intención del actual Consell de que la desaladora esté a plena capacidad el próximo otoño, con el objetivo de lograr además un precio más asequible para el agua. No se descarta una ampliación de la desaladora para llegar a los 120 hectómetros cúbicos anuales.
