El Gobierno subvencionará también el agua desalada a los regantes valencianos
Pese a la resistencia de los regantes alicantinos que lidera Andrés Martínez, el último bastión de la política trasvasista con la que se dio pie a la “guerra del agua”, el Gobierno ampliará a la Comunidad Valenciana el convenio que firmó hace menos de un mes con Murcia para subvencionar el coste del agua desalada y que pueda ser utilizada para el riego. Así se lo confirmó Mariano Rajoy al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la entrevista que ambos mantuvieron el lunes día 2 en el palacio de la Moncloa. Lo que no concretó es cuál será la fórmula para hacerlo, algo que viene reclamando la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que dirige Elena Cebrián.
Las denostadas plantas desaladoras, que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero construyó como alternativa al derogado trasvase del Ebro, van a convertirse, con este cambio de política del PP, en una garantía, no solo para el consumo urbano, que ya lo son, sino incluso para el riego, especialmente en periodos de sequía.
Después de que este pasado verano entrara en funcionamiento la planta desaladora de Torrevieja (Alicante), la más grande de todas y emblema de la polémica, el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, del PP, reclamó en septiembre en su entrevista con Rajoy que se subvencionara el agua desalada para el riego, dados los problemas para disponer de suficiente caudal del trasvase Tajo-Segura en un periodo de sequía.
El convenio, firmado a mediados de octubre como una medida de carácter extraordinario dirigida a 146.000 usuarios, fija en 30 céntimos el precio del metro cúbico de agua desalada para uso de los regantes (la diferencia de coste entre el agua del trasvase y la desalada es de 10 a 70 céntimos). El acuerdo implica que el Gobierno destine 8 millones de euros a subvencionar 70 hectómetros cúbicos de agua, de los que 50 hectómetros cúbicos proceden de la desaladora de Torrevieja y otros 20 hectómetros cúbicos de la de Mazarrón (Murcia).
Para el presidente murciano, el convenio aporta “más seguridad y más futuro”. Sin embargo, los regantes alicantinos recibieron el acuerdo alertando de que aceptar agua desalada acabará con el trasvase Tajo-Segura y acusaron al PP de “hacer buenas las barbaridades del PSOE”.
La consellera valenciana, Elena Cebrián, reclamó a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, hace dos semanas durante la conferencia sectorial, que se tenga en cuenta a la Generalitat y a los regantes valencianos. Desde el ministerio se dio a entender que ya se había atendido las necesidades de la cuenca del Segura. El propio delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, declaró, a su vez, que el convenio con Murcia alcanza a los regantes de Alicante.
Hace una semana, el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, planteó en la reunión de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cómo se va a conseguir rebajar el precio del agua desalada. El presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, respondió que se lograría subvencionando a Acuamed, que es la empresa pública que gestiona las desaladoras. En la Generalitat Valenciana se enfatiza que los de Alicante no son los únicos regantes valencianos. “El Júcar también está bajo decreto de sequía, ¿qué pasa con los regantes de esa cuenca?”, pregunta un portavoz de la conselleria, desde donde se insiste en que “hace falta ver cómo se concreta” lo que Rajoy comunicó a Puig.
