El problema es Mazón, no la Generalitat Valenciana

¿La respuesta a las inundaciones causadas por la DANA en varias comarcas valencianas hubiera sido mejor si las competencias de emergencias estuvieran a cargo, como en los viejos tiempos, del Gobierno central y sus delegados (antes gobernadores civiles)? Bajo el impacto de la enorme tragedia, a la vista de que el sistema de emergencias del que es responsable Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, reaccionó tarde, en un fracaso que pasará a la historia, existe la tentación de considerar esa posibilidad. Y, en coherencia, surge la tentación de que el Gobierno aplique los mecanismos que prevé la ley para apartar a la administración autonómica y asumir directamente la gestión del desastre.

Pero hay muchas razones para no dejarse llevar por esa tentación. La más importante es que no resolvería nada. La segunda, y no menor, que sería un tipo de movimiento que no tiene marcha atrás y que repercutiría sobre la estructura del Estado autonómico en su conjunto. Por eso, dicho sea de paso, es una eventualidad tan del gusto de la extrema derecha involucionista. Un alto responsable de la Generalitat Valenciana en la anterior administración del Pacto del Botánico, muy crítico con la forma en que ha gestionado el actual Consell del PP la emergencia, me explicaba que la “recentralización” nos haría retroceder a modelos superados, estructuralmente más inoperantes. “El problema no es el reparto de competencias, sino la incompetencia de quienes están al frente”, añadía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido consciente de que apartar al presidente valenciano del operativo abriría una crisis institucional cuando menos conviene y alimentaría un tipo de victimismo político que de ninguna manera es compatible con las víctimas reales que han perdido familiares y amigos y han visto arrasadas sus vidas. Normalmente, la respuesta del Ejecutivo central debe complementarse con la del Ejecutivo autonómico. Así está diseñado el mecanismo. Ahora mismo, la sensación es que el Gobierno debe suplir parte de las funciones que el Consell de la Generalitat Valenciana no ha sido capaz de organizar. Mantener la cooperación, destinar todos los recursos y reforzar una estructura de emergencias debilitada por sus responsables parece lo más sensato.

Ante los nuevos desafíos que plantea en materia de riesgos el cambio climático, es fundamental reforzar los mecanismos de respuesta en la proximidad tanto como los de carácter más amplio. Unificar cuerpos de bomberos provinciales en un único cuerpo autonómico, por ejemplo, era una de las medidas que perseguía la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias que con tanta frivolidad desecharon el PP y Vox en los primeros meses de gobierno en la Generalitat Valenciana. ¿Alguien se imagina qué pasaría si ante una catástrofe, a los bomberos, a los policías locales, a los miembros de protección Civil y otros efectivos de emergencias, además de los policías nacionales, los guardias civiles y los soldados, los dirigieran desde Madrid, al margen del Gobierno autonómico? ¿Qué clase de disfuncionalidad se estaría creando?

El Estado tiene tres niveles, local, autonómico y central. Cualquier respuesta adecuada en el ámbito de las emergencias exige que funcione la cooperación multinivel, aquí y en cualquier otro lugar del planeta. El presidente Sánchez ha insistido en que tenemos que dar respuesta a la tragedia juntos. No ha sido obstáculo esa declaración para que citara, de paso, que ya habrá tiempo para dirimir responsabilidades y aclarar “negligencias”. En la desgracia valenciana hay que saber distinguir la aptitud de la institución, la capacidad de mando y gestión de los medios y los protocolos. Vamos, que el problema es Mazón, no la Generalitat Valenciana.