La Generalitat Valenciana, militarizada

Es insólito que el nuevo vicepresidente diga que “no aceptará directrices políticas”

Tras el fracaso con la riada, Mazón pone el autogobierno en manos de generales

Más que una remodelación del Consell, tras su trágico fracaso a la hora de hacer frente a la riada del 29 de octubre, con su secuela de 220 muertos, Carlos Mazón ha formulado una enmienda a la totalidad del autogobierno al poner la reconstrucción de las comarcas devastadas en manos de generales del Ejército. El nombramiento del teniente general retirado Francisco José Gan Pampols como vicepresidente de la Generalitat Valenciana para la Recuperación es la manifestación de una impotencia que, en realidad, debió llevar al jefe del Consell a presentar su propia dimisión.

Gan Pampols -un militar que habla, por cierto, un correcto catalán- ha designado como su segundo, es decir, como secretario autonómico, a otro general, en este caso de brigada y en la reserva, Venancio Aguado. Y se ha dedicado a propagar la idea de que no aceptará directrices políticas. Como ha contado en este diario Miguel Giménez, el vicepresidente militar ha reiterado que su tarea en el Consell “nada tiene que ver” con la política, por lo que reclama a los partidos un “consenso de base”, que “todo el mundo” esté de acuerdo con lo que hay que hacer, que “no tiene ni un solo matiz político”.

A cualquier ciudadano con un poco de sensibilidad democrática tiene que chirriarle en los oídos que un vicepresidente de un gobierno autónomo se pronuncie en semejantes términos. Francesc Arabí, en un análisis titulado Mazón da un autogolpe con el fichaje de un teniente general, ha explicado que el presidente valenciano, además de ponerse un escudo donde refugiar su desacreditada figura, con el nombramiento del militar se garantiza, sobre todo si sale bien la reconstrucción, que el responsable de su ejecución “no le disputará la candidatura a ser cartel electoral en 2027”. Lo que no deja de ser un cálculo tan mezquino como irreal por parte de alguien a quien la sociedad valenciana ha reclamado con contundencia la dimisión.

No está mal traído el término “autogolpe” en ese análisis, dado que el PP parece encantado con el planteamiento que está haciendo el teniente general de su supuesta incompatibilidad con la política. ¿Quiere decir con ello que pretende estar al margen del escrutinio parlamentario? ¿Que no puede ser criticado? ¿Que no está obligado a dar según qué explicaciones? ¿Qué quiere decir exactamente que un vicepresidente de la Generalitat Valenciana “no aceptará directrices políticas”? ¿Deben considerarse los funcionarios bajo su dirección sometidos a una cadena de mando castrense? A la extrema derecha le encanta, sin duda, esta pretendida excepcionalidad. Y con exaltaciones de las visitas del rey Felipe VI como las que se produjeron en Chiva y Utiel, que parecen otorgar a la monarquía virtudes paliativas frente a una despreciable e irritante clase política, nos sitúan de la mano del autoritarismo posdemocrático en un paisaje en el que el pútrido olor del fango reseco que todavía se limpia en las comarcas afectadas por la DANA se mezcla con un tufo a franquismo muy preocupante. Como ha apuntado Marco Schwartz, que alguien le explique al general Pampols que su cargo es político.

Por lo demás, la famosa remodelación a la que fía Mazón su supervivencia política ha consistido en la previsible destitución de la consejera Salomé Pradas, tan inoperante al frente de las Emergencias cuando más falta hacía ser resolutiva, y de la malcarada conselleria de Turismo e Industria, Nuria Montes. Ha sido sustituida esta última por Marián Cano, que procede de la patronal del calzado y trae fama de buena gestión, y la conselleria de Pradas ha quedado divida en dos, con Nuria Martínez Sanchis al frente de Justicia y Juan Carlos Valderrama Zuirán en la nueva cartera de Emergencias.

Mientras tanto, ya que a perro flaco todo son pulgas, se le ha abierto a Mazón una crisis en la radiotelevisión valenciana con la dimisión de Alfred Costa como director general de À Punt, una cadena que ha hecho un ejercicio ejemplar de servicio público ante la catástrofe de la DANA. Si hay que hacer caso de Presidencia de la Generalitat, Mazón estaba proponiendo a una periodista que asumiera el cargo de Costa en la tristemente famosa comida que le mantuvo alejado del puente de mando de las emergencias cuando se produjo el desastre. Y es comprensible que el director del medio público se haya sentido desautorizado. La falta de estructura de la corporación, tras el cambio de la ley para facilitar su control en una maniobra impulsada por el PP y Vox, deja a la empresa temporalmente sumida en un vacío legal.

Hay muchos frentes abiertos en este panorama después de la catástrofe. Y no es menor el de los contratos de emergencia que la Administración autonómica está otorgando a dedo. Como ha explicado Lucas Marco, solo en lo que atañe a las obras de reparación de depuradoras dañadas por las inundaciones, hasta 34 millones de euros van a parar a empresas ligadas con la corrupción del PP. Lamentablemente, el historial de los populares valencianos hace que resulte muy conveniente poner el foco sobre este tipo de contratos desde el principio.

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