El juez ha ordenado la detención de más de 20 personas, entre ellas un exalto cargo de la Generalitat Valenciana, Pedro Hidalgo, exdirector general de Interior, y otro de la Generalitat Catalana, por supuestas irregularidades en la concesión de contratos públicos a empresas de aeronaves para la extinción de incendios.
Por este asunto ya fue detenido e imputado el exdelegado del Gobierno y exconseller Serafín Castellano (PP). Hidalgo era uno de los hombres fuertes de Castellano en Gobernación, el departamento de la Generalitat bajo sospecha.
Según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), las detenciones, acompañadas del registro de 20 empresas o viviendas, se han producido en, además de la Comunidad Valenciana y Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura.
El magistrado de Sagunto (Valencia) que investiga el caso y la UDEF, la brigada de la policía nacional encargada de los delitos económicos y fiscales, sospechan de amaños en varios concursos tanto en España como en otros países de Europa, al menos Portugal e Italia.
La causa, que sigue bajo secreto de sumario, está abierta por los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.
El antecedente de Castellano: 44 millones en aviones
Castellano, el imputado más conocido de la causa, adjudicó durante su etapa como conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana contratos millonarios a Avialsa, una empresa especializada en la extinción de incendios desde el aire. El primero, para el bienio 2008-2009, cuando solo llevaba cuatro meses y medio de conseller fue de 11,6 millones de euros. El segundo, otorgado por los mismos servicios para el periodo 2010-2014, ascendía a 22 millones. En esta ocasión, solo se presentó Avialsa al concurso.
Una contrata que el exconseller aseguró para dos años más a Avialsa. A través de una mera resolución administrativa, prorrogaba el contrato otros dos años, hasta 2016. La empresa percibirá 5,6 millones cada año. Una ampliación por un procedimiento de urgencia que no es inusual en las contrataciones otorgadas por Castellano al propietario de la empresa, Vicente Huerta.
Posteriormente, trascendió que Castellano era invitado habitual de las cacerías de alto standing que organizaba Huerta, quién también le habría hecho lujosos regalos. Según Efe, el Gobierno valenciano encargó el pasado verano una auditoría sobre otra compañía aérea, INAER, con sede en Mutxamel (Alicante), ante la sospecha de prácticas irregulares en los contratos con la Administración. Esta compañía suministra a las administraciones helicópteros para urgencias sanitarias y, entre otras cosas, también para luchar contra los incendios.
A juzgar por la operación policíal de este miércoles, la justicia sospecha que los tejemanejes de algunos gobernantes con empresas privadas para luchar contra el fuego no se limita a la Comunidad Valenciana.
El 'cártel del fuego'
Compromís, ahora en el gobierno valenciano en coalición con el PSPV-PSOE, ha valorado la última detención de un cargo del PP. “La detención relacionada con el ‘cártel del fuego’ corrobora el saqueo continuado que el PP hizo durante dos décadas con el dinero público de toda la ciudadanía. Es tiempo de exigir responsabilidades judiciales y económicas a los gestores del caos y el derroche sufridos”, ha dicho Juan Ponce, diputado de la coalición valencianista.