“Muchas veces hemos hablado de las asimetrías del sistema entre la comunidad que más recibe y la que menos. Por eso hoy quiero poner encima de la mesa un nuevo informe –muy revelador– realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)”, dijo este lunes el presidente valenciano, Ximo Puig, durante su discurso en el debate de política general en las Corts Valencianes. “El informe cuantifica el 'efecto capitalidad' que ha convertido a Madrid en un generador de diferencias y desigualdades”.
Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunían para unir esfuerzos contra la peor situación de la pandemia en España, que afecta al territorio madrileño, Puig acusaba a la comunidad emblema del PP de protagonizar “un 'procés' invisible con un 'dumping fiscal' injusto”.
Firme defensor del federalismo y de la cogobernanza territorial, Ximo Puig, que preside un Gobierno, el del pacto del Botánico, formado por los socialistas, Compromís y Unidas Podemos, denunció, en un contraste claro con la identificación de Madrid con España que realizó esa mañana ante la prensa Díaz Ayuso, que “el efecto capitalidad ha convertido Madrid en una gran aspiradora que absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia. Todo eso, en detrimento de la igualdad de los territorios que conformamos España”.
Y apoyó con datos sus afirmaciones. “El 29% de los trabajadores públicos estatales se concentran en Madrid. Para la capital, esto representa un plus de de hasta 95.000 empleados públicos más de lo que le corresponde. Esto implica un plus poblacional y de oferta laboral de la M-50 para adentro”, indicó. “Nueve de cada 10 contratos estatales se gestionan desde Madrid. Y casi el 60% de adjudicaciones se hacen a empresas residenciadas en Madrid. Esto implica pérdida de trabajo, bienestar y prosperidad de la M-50 hacia fuera.
“Un último dato”, añadió el presidente valenciano. “Madrid puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje por el ”efecto capitalidad. Esto implica la emigración fiscal de personas y empresas hacia adentro de la M-50 y la pérdida de ingresos hacia fuera. ¿Es racional? ¿Es justo? ¿Es sostenible? Evidentemente, no“.
“Por eso, y por otras razones es imperiosa una profunda reforma territorial. No estamos contra nadie. Pero tampoco estamos dispuestos a resignarnos”, concluyó Puig, que volvió a reclamar una reforma del sistema de financiación autonómica, que deja a la Comunidad Valenciana como la más injustamente financiada.