Los “hombres del presidente” le advirtieron sobre el monumental embrollo que estaba a punto de estallar en la empresa pública de la Diputación de Valencia. Unos correos electrónicos localizados por la Policía Nacional en el servidor del expresidente Jorge Rodríguez y que figuran en el sumario del caso Alquería, muestran el análisis del gerente de Imelsa (actualmente Divalterra), Víctor Sahuquillo, sobre la complicada situación en la empresa pública. Sahuquillo dimitió de su puesto por los gastos en bebidas alcohólicas que cargó en la tarjeta de la empresa y así, de chiripa, se salvó de lo que vendría después.
En un correo electrónico del 1 de mayo del 2016 titulado “confidencial”, el exgerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo advertía a su jefe Jorge Rodríguez que Imelsa (antigua denominación de Divalterra y epicentro del caso Taula por el que tuvo que dimitir Alfonso Rus) “ha sido el cajón perfecto para crear clientelismo barato (…). Se ha creado un ejército de brigadistas como espacio para tener 'estómagos agradecidos'”. Sahuquillo pintaba un complicado panorama heredado de Imelsa, un auténtico agente tóxico de la época de Rus que dio a luz la macro operación Taula. “Las direcciones de área que actualmente existen en el nuevo organigrama son una herencia de difícil solución”, constató el dirigente socialista. La cosa pintaba mal desde el principio.
El 29 de mayo, en otro correo electrónico, Sahuquillo proponía directamente suprimir los contratos de alta dirección porque “la realidad es que ninguno/a de los Altos Directivos está produciendo unas líneas estratégicas o de negocio de alto valor”, lo que muestra, según la Udef, que los cargos investigados “no están haciendo labores de alta dirección”. Meses más tarde, el 4 de octubre del 2016, Sahuquillo envía otro e-mail con un tono peculiar al entonces presidente socialista de la Diputación. “La realidad es que a ojos externos quienes dirigimos la empresa somos nosotros (el PSOE, los hombres del presidente de la Diputación)”, explicaba Sahuquillo quien a continuación reconocía que “carecemos de verdadero control sobre la empresa”.
Según el análisis de Sahuquillo, el “diseño de la empresa es reflejo de la concepción que tenía [José Manuel] Orengo y en esa concepción la parte de Compromís que está presente en la empresa se sentía cómoda”. El ex gerente acusaba en su correo electrónico a otro de los personajes clave del caso Alquería, el responsable de los servicios jurídicos, José Luis Vera, de guiarse por sus propios intereses “ajenos a lo que representa el PSOE”.
Por otro lado, Sahuquillo también dedica unas palabras a la representante de Compromís en Divalterra, Agustina Brines, a quien acusa de utilizar la empresa “como instrumento político para ganar posiciones” en la formación valencianista. Vera y Brines “han hipotecado el presente y el futuro de la empresa”, sostiene el ex gerente socialista.
En su análisis, que en algunos momentos resulta incluso profético, el gerente de la empresa pública llega a la conclusión de que “nos encontramos sin aliados y sin ejército en el interior para afrontar los conflictos”. Una de las soluciones que propone ante la delicada situación de la heredada Imelsa es “introducir a los socios [Compromís, EU y València en Comú] en una lucha interna por copar espacio de influencia en la empresa”. Sahuquillo enumera una serie de propuestas que se centran en apartar al máximo al responsable de los servicios jurídicos y en “dirigir nosotros la modificación estatutaria”.
El dirigente socialista cierra su correo electrónico al entonces presidente de la Diputación con el siguiente párrafo: “Bajemos la tensión, hagamos que la división caiga en la parte de Compromís, paremos la fortaleza del Bloc en la empresa y desmontemos a [José Luís] Vera quitándole el máximo de sus competencias y sus expectativas. Y, una vez arranque la reforma (…), el rédito político será nuestro”.
El final de la historia fue otro muy diferente.