Doble vara de medir en una denuncia por presunto acoso en Alzira: sin protocolo para políticos y blindaje por ser concejal

Toni Cuquerella

Alzira —
10 de enero de 2025 02:34 h

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El Ayuntamiento de Alzira se encuentra sumido en una compleja tensión política por un presunto caso de acoso laboral por motivo de género, un caso que contamina la situación de gobernabilidad de la capital de la Ribera Alta, y por el que se intercambian los papeles la derecha y la izquierda a la hora de defender o actuar frente al señalado por acoso.

Los hechos se desencadenaron el pasado 29 de noviembre, cuando el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez (Compromís), anunciaba la retirada de las competencias de la concejal Mar Chordá (UCiN) y, por tanto, su salida del gobierno municipal. El argumento dado fue que Chordá, dos días antes, votó en contra de una moción que pedía la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la DANA. El voto de Chordá cumplía las directrices de su formación, pero rompía la disciplina de voto del ejecutivo local (Conformado por Compromís, PSPV y UCiN); pero también la rompió dentro de su propio partido su único compañero en el pleno, Enrique Montalvá, que se abstuvo y así permitió que el empate lo decantara el voto de calidad del alcalde.

Esta situación mostraba las grietas de la agrupación local de UCiN, una crisis interna de la formación que se abría en canal definitivamente el 3 de diciembre, día en el que Chordá denunció que había sufrido acoso desde el principio de la legislatura por parte de su compañero de partido y de pleno, Enrique Montalvá, a quien señalaba de “acoso laboral y sexual con técnicas de violencia verbal y vejaciones”. Respecto a ello, Chordá lamenta la falta de apoyo del equipo de gobierno, y asegura que informó de estos hechos al alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y a la portavoz del PSPV, Gemma Alós.

Y es que esta crisis de UCiN pone sobre el alambre la estabilidad del gobierno municipal, con 10 concejales (6 Compromís y 4 PSPV) y la necesidad de, al menos, un concejal de los dos de UCiN frente a los 9 de la oposición (6 PP, 2 Vox y 1 Cs). Así, Chordá lamentó que el alcalde optara por el apoyo a Montalvá, ya que este le dijo que ante lo que calificaba de “desacuerdos personales” quien mantenía la “lealtad con el gobierno” era el concejal, teniendo en cuenta el capítulo del voto en contra en el pleno.

Justo tras estas acusaciones, la Junta directiva nacional de UCiN suspendió cautelarmente la agrupación de Alzira y creó una gestora por una cuestión de procesos internos de la formación en la convocatoria de asambleas y nombramiento de cargos. Al mismo tiempo confirmaban como portavoz municipal a Enrique Montalvá y también ratificaban el pacto de gobierno con Compromís y PSPV. Respecto a la denuncia de Mar Chordá, afirmaban respetar escrupulosamente todos los derechos y procedimientos jurídicos y no adoptar ninguna resolución hasta que no haya finalizado el proceso judicial. Ante esta situación cerca de 40 afiliados y simpatizantes de UCiN en Alzira solicitaron una convocatoria urgente de una Asamblea General Extraordinaria, así como también exigían explicaciones a Enrique Montalvá, sobre la denuncia de Chordá.

Protocolo de actuación

Tras destaparse la denuncia de Mar Chordá, bajo las siglas de UCiN, presentó en el pleno del Ayuntamiento de Alzira una moción para solicitar la adopción del Protocolo de actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y acoso discriminatorio, aprobado por la Diputació de València. Este protocolo, de obligado cumplimiento, incluye a los miembros de la corporación municipal dentro de su ámbito de aplicación, no obstante el protocolo municipal de Alzira excluye a las concejalas y concejales, dejándolas desamparadas frente a posibles situaciones de acoso.

Dada esta situación, la edil señalaba que suponía “una vulneración del derecho a un entorno laboral libre de acoso, especialmente en un contexto donde el feminismo y la protección de la dignidad deben ser principios fundamentales en cualquier institución pública”. En palabras de Chordá: “Es urgente que el Ayuntamiento de Alzira deje de mirar hacia otro lado y adopte el protocolo de la Diputación de València, que sí protege a las concejalas”.

El día del pleno, el 26 de diciembre, Chordá presentó la moción del mismo modo que también lo hizo el PP con otra análoga. PP, Vox y Ciudadanos defendieron los protocolos de protección a las víctimas de acoso y reprocharon a Compromís y PSPV su negativa a aplicarlos. El alcalde Alfons Domínguez afirmó que era imposible aplicar estos protocolos en el consistorio y para ello esgrimía dos informes de Servicios Sociales y Función Pública, en los que se dice que “la activación de protocolos a cargos electos -como son los concejales- es difícil de aplicar, ya que no tienen el mismo régimen sancionador que los empleados públicos”. Los informes añadían que “este tipo de protocolos deben ser fruto de la negociación de los representantes de las personas empleadas, no de los miembros de la corporación”.

Ante esta situación se planteó a los proponentes dejar encima de la mesa las mociones “para estudiarlas detenidamente con los departamentos implicados y los representantes sindicales”. Pero tras votar en contra tanto Chordá como el PP, Domínguez afirmó que las fuerzas políticas que conforman el quipo de gobierno de Alzira “consecuentemente” votaban en contra.

“No representan los valores del feminismo”

Mar Chordá, en declaraciones a elDiario.es, ha afirmado: “Ahora mismo siento decepción con ambos partidos (Compromis y PSPV), pero porque no representan los valores del feminismo que siempre han defendido. Me han aislado por gobernar, por un sillón. Lo primero son las personas y luego la política, y más cuando fui a pedirles ayuda antes de ser destituida”.

Esta situación también ha llegado a la Diputació de València, así que la vicepresidenta y responsable de Igualdad, Natàlia Enguix, se entrevistó con Chordá. Enguix, cuya formación Ens Uneix se encuentra bajo el mismo paraguas que UCiN dentro de la Unión Municipalista, ha afirmado que la Diputación convocará la Comisión de Igualdad para dar amparo a la concejala de Alzira. “He de agradecer a Natàlia Enguix y su equipo, porque han actuado como debería haberlo hecho mi propio Ayuntamiento. Una llamada, una simple escucha activa a una víctima… Gracias a ellos no me siento tan sola y aislada como pretende el equipo de gobierno de Alzira”.

Actualmente, el caso está en los tribunales. “Aunque con mucho miedo a más represalias, interpuse la denuncia”, explica Chordá, quien señala que el tema está a la espera de que se admita la denuncia a trámite en el juzgado. Por otro lado, señala que, tras presentar la solicitud al consistorio para que activasen el protocolo frente al acoso, supo a través de medios de comunicación que también se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía “al no poder actuar”. “Me hubiera gustado, que me hubieran llamado para comunicármelo antes de enterarme por la prensa, aunque me deja más tranquila, que alguien pueda ayudarme, debido a que este equipo de gobierno solo se mueve por intereses políticos”.