Este miércoles se reunía (de manera telématica) en Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la senda de estabilidad presupuestaria que debe ser aprobada este viernes por el Consejo de Ministras después de que fuera rechazada inicialmente en el Congreso de los Diputados. Y lo hacía con la participación directa del president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha interrumpido sus vacaciones temporalmente para abordar esta cuestión directamente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Gobierno valenciano ha pasado de la abstención en la pasada reunión del consejo al sí de la sesión de este miércoles. La clave de este cambio de postura es que, entre el aumento del déficit y las cantidades del IVA de las que se van a poder disponer gracias al acuerdo, la Comunitat Valenciana recibirá 500 millones de euros adicionales y una refinanciación de 1.000 millones de euros de la deuda. Además, el Ejecutivo central se hace cargo de los 350 millones de euros del Consorcio de la Copa del América.
Según ha justificado el president, el voto favorable es la respuesta al cambio de actitud del Gobierno de España, “tanto a nivel general como especialmente con los valencianos”. “Hemos pasado de un Gobierno que nos ahogaba financieramente a otro que nos da el oxígeno que hemos pedido siempre, un Gobierno que asume las medidas transitorias que hemos defendido siempre”, ha defendido Puig, para quien “no es la solución definitiva pero nos permite que podamos afrontar la negociación del cambio de modelo sin que los más débiles sean los rehenes de la falta de recursos”.
En opinión del jefe del Consell, estas medidas marcan el inicio de un cambio de actitud con los valencianos, “que hemos sido los grandes marginados por el anterior Ejecutivo”. Unos hechos que “demuestran un cambio de actitud. La Comunitat Valenciana está en la mesa de negociación y es respetada y el resultado son 850 millones de euros”, ha dicho Puig.
En el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta del Gobierno -que supone rebajar dos décimas el objetivo de déficit de las comunidades de cara al próximo año, de forma que pasará del 0,1% del PIB previsto al 0,3%, lo que se traducirá en un incremento de los recursos autonómicos de alrededor de 2.400 millones de euros- consiguió el respaldo de siete comunidades, mientras otras seis se posicionaron en contra y la Comunitat Valenciana se abstuvo.
Compromiso insuficiente
El alcalde de València, Joan Ribó, ha celebrado que el Ejecutivo asuma el pago de 350 millones de la deuda del Consorcio Valencia 2007, pero lo considera insuficiente, ya que entiende que el Gobierno debe hacerse cargo de la totalidad de la misma, que representa unos 460 millones.
Por su parte, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha celebrado el “compromiso histórico” del Gobierno central con la ciudad alcanzado este miércoles: “hoy los valencianos recibimos la noticia sin lugar a duda más importante de esta legislatura: el Gobierno de España por fin va asumir la deuda de La Marina, que asciende a más de 350 millones de euros”.
Un compromiso “histórico” para Gómez, porque ha recordado que “en otros momentos, España sí que había asumido las inversiones financieras necesarias para acoger grandes eventos en otras ciudades, como las Olimpiadas de Barcelona o las exposiciones universales en Zaragoza o Sevilla”.
Y una deuda que “sin lugar a dudas, ha lastrado las posibilidades de futuro de la zona a día de hoy con mayor proyección de la ciudad”. Por tanto, la portavoz municipal ha destacado que “por fin, La Marina va a poder mirar al futuro y ser un eje de desarrollo de València, pilotando en pilares tan fundamentales como la innovación o el progreso, en un espacio abierto para todos los valencianos”.