¿Quién representa a Europa? Esta pregunta ha sido uno de los eternos interrogantes que ha acompañado a la construcción de la UE y que sigue sin tener una respuesta clara. De hecho, es bien sabido quecada institución de la UE tiene un presidente distinto que, como norma habitual, se muestra celoso de sus competencias y marca su propia línea política. La cosa se ha complicado particularmente en los años de la crisis porque a los tres presidentes “oficiales” (el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz) se han sumado otros nombres con poderes en alza, como son Jeroen Dijsselbloem, presidente del Euro-Grupo y Mario Draghi, conocido presidente del Banco Central Europeo. Para colmo de complicaciones, en los últimos tiempos el Presidente (este sí con mayúsculas) Barack Obama parece haberse aficionado a dar su opinión sobre la política de la UE, fortaleciendo a la Presidenta (también con mayúsculas) Angela Merkel y a su ministro de Finanzas Schäuble, en un renovado partenariadoAlemania-USA, con la permanente compañía del Fondo Monetario Internacional.
Una mirada a la actividad de cada uno de estos presidentes nos da un panorama de las grandes tensiones que existen en el seno de la UE.Donal Tusk, que acaparó titulares con sus alabanzas a Turquía al afirmar que nadie puede darle lecciones a Erdogan porque “Hoy Turquía es el mejor ejemplo en el mundo sobre cómo debemos tratar a los refugiados”, ha convertido la campaña contra el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) en el objetivo central de su mandato. Mientras se afana por mantener al Reino Unido dentro de la UE, con el contraproducente apoyo explícito de Obama que amenazó con las consecuencias de esta salida para las relaciones comerciales USA-UK, a Tusk parece no importarle que otro de los socios europeos esté en el borde del tablero de juego, ahogado por las exigencias de los otros presidentes.
En efecto, aunque Grecia ha desaparecido de las portadas de los principales medios de comunicación, la situación vuelve a estar al límite por las reiteradas exigencias del Eurogrupo. Se le ha requerido al gobierno griego la adopción de una serie de medidas de contingencia por valor del 2% de su PIB para asegurar que se alcanzan los objetivos fiscales establecidos para 2018. Plegarse a la extorsión, personalizada en la pareja FMI-Schäuble, y poner en marcha estas nuevas reformas normativas y recortes presupuestarios, que van más allá del tercer memorándum de julio de 2015,es una condición para comenzar a negociar la rebaja de la deuda. No obstante, esto vuelve a poner al ejecutivo griego en unatesitura imposible:cumplir con las exigencias de las entidades financieras y aprobar una legislación orientada claramente contra los intereses de las mayorías sociales o salvar lo poco que queda ya de su programa original y resistir a la desesperada. La reunión del 9 de mayo del Eurogrupo traerá sin duda respuestas pero la mera explicitación del dilema griego debe hacer saltar una alarma: ¿qué fue de aquello que llamábamos democracia representativa?
Curiosamente, la causa griegaha conseguido sumar a su favor a otro de los presidentes en liza, Jean-Claude Juncker, que afirmaba con dureza que las medidas exigidas por el FMI son irracionales e inconstitucionales y que no serían aceptadas por ningún parlamento en el mundo. Desde su nombramiento, la Comisión está jugando con una doble baraja. Por un lado, su presidente está intentando conseguir mediante declaraciones y propuestas de aparente calado social la relegitimación del proyecto de la UE. En este sentido, Juncker afirmaba que su objetivo es “renovar la Unión Europea sobre la base de una ”Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático“ y para ello ha lanzado propuestas como: el ”Pilar de derechos sociales“, otro objeto jurídico/político indeterminado de los muchos que nos regala la UE; el Plan Juncker de inversiones para Europa, otro fracaso flagrante, o el conocido como ”Informe de los cinco Presidentes“, una supuesta hoja de ruta hacia la plena realización de la Unión Económica y Monetaria que incluye la creación de los Consejos nacionales de Competitividad en los Estados miembros entre cuyas funciones está la de ejercer una influencia en los procesos de fijación (reducción) de los salarios.Una cosa debe quedar clara para entender esta última propuesta de la Comisión, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la competencia para determinar los salarios la tienen los Estados miembros y los actores sociales, no la UE, pero en esta pendiente sin frenos hacia la pérdida de la soberanía popular parece que todo vale. Por otro lado, la misma Comisión que ahora dice preocuparse por los derechos sociales, es la que, como recordamos en la anterior entrega, a través de las Recomendaciones por País lleva años indicando que el Estado español debe reducir los salarios y descentralizar sus sistema de negociación colectiva, con las nefastas consecuencias que todas conocemos. Una vez más, como en cada crisis, los problemas de la Unión se pretenden solventar por la Comisión con la idea de ”más Europa“, sin plantearse que los mecanismos fracasados no dan mejores resultados por repetirlos y menos aun por fortalecerlos.
No sería justo repasar la reciente actividad de la Comisión sin dedicar unas líneas al paquete de abril de procedimientos por incumplimiento, es decir, el conjunto de acciones que esta Institución ha emprendido contra diversos Estados miembros (un total de 43, de entre las cuales un 23% se refiere a cuestiones medioambientales) por no haber cumplido adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. El Estado que más procedimientos acumula en su contra es Alemania, con 8, ni Grecia ni Italia están en la lista. Por su parte España ha sido requerida por incumplimiento en 4 ocasiones: en relación con la protección de Doñana; por el incumplimiento, ya reiterado, de la libertad de establecimiento en los puertos; por no ratificar la adhesión al Convenio Internacional de Eurocontrol y en relación con procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago. Sobre esta misma cuestión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe pronunciarse a efectos de decidir si la declaración de nulidad de las mismas debe conllevar la devolución del dinero a los clientes desde que éstos firmaron la hipoteca. La Comisión, favorable a la total retroactividad se enfrenta alas alegaciones del gobierno español que ha mantenido lo contrario.
Quedan como siempre cuestiones en el tintero de la actualidad de esta UE a la deriva comola difícil gestión del resultado del referéndum holandés sobre el acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania. Ganó el No por un 61% frente a un 39%, aunque el gobierno holandés ha dicho que esperará hasta septiembre para emitir un informe sobre los efectos de esta votación (no vinculante). Además, en el Parlamento Europeo se han dado debates interesantes sobre el acuerdo con Turquía o el reconocimiento de los derechos del trabajo doméstico y de su dignificación que evidencian una vez más las tensiones entre las distintas instituciones de la UE.
Pero sin duda, uno de los temas fundamentales de la agenda de la Unión es, y seguirá siendo, el tratado de comercio e inversión entre la UE y USA, más conocido como TTIP, cuya décimo tercera ronda de negociación finalizó el viernes 29 de abril, rodeada por la controversia respecto de la falta de acuerdo entre los negociadores sobre temas fundamentales. Las negociaciones se encallan en puntos como la apertura del mercado de contratación pública, que la Unión exige pero que la contraparte no parece dispuesta a ceder;la protección de las denominaciones de origen, fundamental para la UE pero inaceptable para los norteamericanos y la lista de servicios que se pretenden mantener al abrigo de la liberalización. Según las primeras informaciones sobre los resultados de esta Ronda 13, la UE está reculando, ergo rebajando el grado de ambición en la negociación para complacer las exigencias norteamericanas. El análisis de la Ronda 13 y de la contestación ciudadana e institucional frente al CETA y al TTIP va a ser objeto de un tratamiento monográfico en la próxima entrada de este blog pero es importante avanzar que las campañas ciudadanas ya cosechan victorias en toda Europa. La última la ha protagonizado el Parlamento de Valonia, aprobando una resolución que impedirá que Bélgica vote a favor del CETA, sin olvidar el exitoso encuentro de municipios que tuvo lugar el pasado fin de semana en Barcelona y que sirvió para visibilizar el creciente rechazo en el Estado español.
Precisamente con la voluntad de impulsar las negociaciones del TTIP, Barak Obama visitaba a AngelaMerkel mostrándole su apoyo y proponiendo un trabajo conjunto para hacer avanzar rápidamente el acuerdo. El entusiasmo de ambos choca con el rechazo mayoritario que, como señala una encuesta reciente, mantienen las poblaciones de sus países. En efecto, un 33% de alemanas y alemanes rechazan el TTIP frente a un 17% que lo aprueban (en USA los porcentajes son 18% a 15%, respectivamente) y una mayoría de la población considera que no hay información suficiente. Y mientras este rechazo ciudadano crece y se expande por el territorio de los 28 Estados miembros, el acuerdo con Estados Unidos también genera consensos: el TTIP sigue siendo el único punto respecto del cual los cinco (siete) presidentes de la UE han mostrado una alianza sin fisuras.
Tensiones, disensos, y demasiados presidentes que mantienen viva aquella antigua pregunta que realizaba un diplomático norteamericano durante la guerra fría: ¿a A quien tengo que llamar para hablar con Europa?. Tal vez si no contesta Merkel pueden probar con Obamay si se aprueba el TTIP tal vez sea ese el número adecuado.
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