La Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) de Valencia cuenta con una propuesta de informe de desestimación del recurso de reposición de la Unión Temporal de Empresas (UTE ) Los Hornillos, que gestiona la planta de Quart de Poblet y que está siendo investigada en el marco de la 'trama de la basura' del PP. La Emtre reclama inicialmente una indemnización por incumplimientos de 5,1 millones de euros. Los informes técnicos de la entidad han confirmado que la producción de compost “ha quedado muy por debajo de la comprometida en un periodo que abarca más de una década, desde la puesta en marcha de la planta, en 2011, hasta el 2021”.
Tras el acuerdo de la comisión de gobierno de la Emtre, la UTE Los Hornillos presentó un recurso de reposición el pasado 5 de mayo. La entidad, presidida por el vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, cuenta con una propuesta de acuerdo que desestima el recurso y todas las alegaciones de las empresas. Tras su aprobación, la propuesta adquirirá firmeza administrativa y la tesorería de la Emtre procederá a girar la correspondiente liquidación a la UTE. “Todo ello sin perjuicio de la necesaria actualización de dicho importe, calculado a precios nominales, para la determinación de su valor actual a precios reales”, indica la propuesta de acuerdo.
Así, a los 5,1 millones que reclama la Emtre se suman 819.446 euros por la actualización del IPC, calculada con los valores reales del ejercicio anterior. La propuesta de acuerdo desestima el recurso de reposición de la UTE Los Hornillos y “expresamente todas y cada una de las 12 alegaciones presentadas”.
Con la próxima aprobación del acuerdo, adquiere firmeza en la vía administrativa y, tras su notificación a la empresa, se abre un plazo de pago voluntario para la UTE. El documento advierte de que en caso de no efectuar el pago en los plazos propuestos, “se inicia el periodo ejecutivo y la Emtre procederá a la recaudación de la deuda mediante el procedimiento de apremio”. Además, el inicio del periodo ejecutivo “determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo, así como, en su caso, las costas del procedimiento de apremio”.
El importe a abonar, incluyendo la actualización del IPC, asciende a 5,9 millones de euros, según indica el documento de pago incluido en la propuesta de acuerdo. Se trata del cálculo para cada ejercicio el déficit de toneladas que no se han producido hasta alcanzar los compromisos previstos en el contrato y lo ha multiplicado por el coste que ha soportado la Emtre por el transporte y eliminación en vertedero de las cantidades. “Coste que de haber alcanzado los compromisos de la oferta, la Emtre no hubiera tenido que sufragar”, sostiene la entidad.
El procedimiento de responsabilidad por daños de naturaleza contractual viene avalado, además, por un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), del pasado 23 de febrero. La reclamación nace tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular que crea un impuesto estatal para el uso de vertederos y fija 30 euros por tonelada para el depósito de rechazos. En el caso de la Emtre de Valencia, el nuevo impuesto entró en vigor el pasado 1 de enero.
“Vista la repercusión que va a tener en el presupuesto metropolitano sufragar este nuevo impuesto, se considera conveniente revisar el cumplimiento de los compromisos de recuperación de las instalaciones de tratamiento, con el fin de exigir que se alcancen los rendimientos ofertados por los concesionarios y minimizar en la medida de lo posible el impacto de este impuesto”, indica la Emtre.
La UTE está en el epicentro de la 'trama de las basuras' del PP. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia mantiene investigados al director general de la UTE Los Hornillos, Carlos Fernández; al jefe de servicio de Ecoparques, Javier Hernández de France, y al exjefe de servicio del área técnica de la Emtre, José Luis Vayá. Este último participaba, a través de un testaferro, en la empresa Servicios Medioambientales Valencia (SMV), que facturó 10 millones de euros a la concesionaria de la planta, según la denuncia de la Emtre en 2018 ante la Fiscalía Anticorrupción.