La Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) de Valencia ha solicitado una indemnización por incumplimientos de 5,1 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Los Hornillos, que gestiona la planta de Quart de Poblet y que se ha erigido en el epicentro de la investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital del Turia sobre la 'trama de las basuras' iniciada durante la etapa de la popular Rita Barberá al frente del ayuntamiento.
Los informes técnicos de la Emtre han confirmado que la producción de compost “ha quedado muy por debajo de la comprometida en un periodo que abarca más de una década, desde la puesta en marcha de la planta, en 2011, hasta el 2021”.
La entidad metropolitana, presidida por el vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, ha calculado para cada ejercicio el déficit de toneladas que no se han producido hasta alcanzar los compromisos previstos en el contrato y lo ha multiplicado por el coste que ha soportado la Emtre por el transporte y eliminación en vertedero de las cantidades. “Coste que de haber alcanzado los compromisos de la oferta, la Emtre no hubiera tenido que sufragar”, indica la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.
La Emtre ha optado por un “cálculo global” y un “criterio más ajustado a la realidad del funcionamiento de la planta” para que la UTE Los Hornillos “no pueda sentirse perjudicada por el tipo de residuo que recibe” y ha tenido en cuenta “la complejidad de alcanzar esos compromisos de recuperación ofertados”. La entidad se cubre así las espaldas de cara al previsible contencioso con las empresas, adjudicatarias del servicio hasta el próximo 2031.
Para determinar el valor del sobrecoste asumido por la Emtre, el importe correspondiente a cada anualidad se ha actualizado en función del IPC en 2022, por lo que a los 5,1 millones se suman 819.446 euros por este concepto. Un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), del pasado 23 de febrero, avala el procedimiento de responsabilidad por daños de naturaleza contractual.
“Nada obsta”, sostiene el CJC, para que la Emtre, como órgano de contratación, inicie un procedimiento para reclamar a la UTE Los Hornillos “los daños y perjuicios que estime producidos anualmente en la ejecución del contrato”, en relación con los incumplimientos de recuperación de subproductos y compost asumidos por las mercantiles en los pliegos de la adjudicación.
La reclamación nace tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular que crea un impuesto estatal para el uso de vertederos y fija 30 euros por tonelada para el depósito de rechazos. En el caso de la Emtre de Valencia, el nuevo impuesto entró en vigor el pasado 1 de enero.
“Vista la repercusión que va a tener en el presupuesto metropolitano sufragar este nuevo impuesto, se considera conveniente revisar el cumplimiento de los compromisos de recuperación de las instalaciones de tratamiento, con el fin de exigir que se alcancen los rendimientos ofertados por los concesionarios y minimizar en la medida de lo posible el impacto de este impuesto”, indica el informe de la Emtre.
Y es que las instalaciones de valorización incluyen en sus contratos y estudios económicos los compromisos de recuperación de subproductos y de compost, además del material bioestabilizado. “El incumplimiento de estos objetivos tiene repercusiones económicas negativas en la entidad puesto que suponen un incremento de toneladas a transportar y eliminar en vertedero cuando su destino debería haber sido la recuperación o la agricultura”, explica el informe de la Emtre.
La 'trama de las basuras'
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia mantiene investigados al director general de la UTE Los Hornillos, Carlos Fernández; al jefe de servicio de Ecoparques, Javier Hernández de France, y al exjefe de servicio del área técnica de la Emtre, José Luis Vayá. Este último participaba, a través de un testaferro, en la empresa Servicios Medioambientales Valencia (SMV), que facturó 10 millones de euros a la concesionaria de la planta, según la denuncia de la Emtre en 2018 ante la Fiscalía Anticorrupción.
José Luis Vayá elaboraba los informes técnicos que supuestamente beneficiaban a la empresa en la que participaba. El funcionario abonó 70.000 euros en metálico para formar parte del accionariado de SMV a través de un presunto testaferro. Hasta 2013, la Emtre contrataba proveedores mediante un informe de mercado elaborado por Vayá en el que siempre figuraba SMV como la mercantil más destacada. La mayoría de los contratos fueron adjudicados a esta firma.
El juez, según fuentes cercanas al caso, ha prorrogado la instrucción hasta el próximo mes de julio, aunque ya ha tomado declaración a varios testigos. La declaración más relevante fue la del investigado Javier Hernández de France, antiguo socio de de José Luis Vayá en la empresa SMV, que decidió colaborar con la justicia.
Se trata, según los indicios, de una trama calcada al 'caso Emarsa', el descomunal saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo —cifrado por el Tribunal Supremo en 23,6 millones de euros— y por la que fueron condenados varios antiguos cargos del PP.
El escándalo de la 'trama de las basuras' se cobró la cabeza del gerente de la Emtre Eugenio Cámara, destituido en 2020 tras la denuncia. Cámara, que tiene plaza en propiedad en la Emtre, fue nombrado como gerente durante la época de la edil popular Maria Àngels Ramon-Llin al frente de la entidad y es yerno del exvicealcalde, Alfonso Grau, mano derecha de la fallecida alcaldesa Rita Barberá.
La conexión con el 'caso Azud'
El suegro de Eugenio Cámara es uno de los presuntos cabecillas de la trama del 'caso Azud', de la que cobró dos millones de euros en mordidas, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Durante las pesquisas del caso, comandadas por Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, también afloró la planta de la UTE Los Hornillos en una de las múltiples líneas de investigación.
La UTE recién creada pagó al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, 174.000 euros en 2005 y 87.000 euros al año siguiente, durante el proceso de licitación de la planta. Los investigadores de la UCO sospechaban que podría tratarse de presuntas mordidas vinculadas al proceso de adjudicación.
En el sumario del 'caso Azud' figuran pagos por un total de 491.694 euros, entre 2006 y 2014, de Cyes Infraestructuras —una de las empresas que conforman la UTE Los Hornillos— a José María Corbín.