Si hace unos días la Fundación de Colegios Diocesanos San Vicente Mártir de Valencia criticaba el arreglo escolar propuesto por la conselleria de Educación para el próximo curso, ahora ha sido Escuelas Católicas -una entidad en la que también se integran los colegios Diocesanos- quienes han mostrado su malestar con la programación del departamento de Vicent Marzà para el próximo curso. Es más, han convocado una concentración “en defensa de la libertad de enseñanza” para el próximo domingo 22 de mayo en la plaza de la Virgen de Valencia.
Así, la convocatoria, que lleva por lema 'Un concierto por los conciertos, pretende manifestar su protesta por los “recortes” sufridos por los centros de iniciativa social. “Constatamos que la Administración propone cerrar e impide la creación de unidades concertadas, a cuya financiación con fondos públicos tienen derecho, so pretexto de la baja demografía o las vacantes existentes”, explican, y añaden: “Al mismo tiempo, crea más de 400 nuevas unidades en la enseñanza pública, incrementando el gasto, en lo que parece un intento de eliminar la libre elección de las familias, para conformar, al final, un planteamiento educativo único y público”.
Escuelas Católicas denuncian que no se les conceden los recursos necesarios, “y luego se nos acusa [a la escuela concertada] de elitismo y no atender las necesidades específicas de apoyo educativo, y ello a pesar de los informes favorables de la Inspección de Educación”.
En su opinión, con esta visión “estatista y planificadora de la enseñanza, como en los regímenes dictatoriales”, se pretende un trasvase de alumnado a la enseñanza pública, “vulnerando y desconociendo el derecho de los padres a escoger centros distintos de los creados por los poderes públicos, según se recoge en nuestra Constitución”, unos centros que deben gozar de una financiación “equiparable” a la de los centros públicos para garantizar el “derecho de elección” de los padres.
El colectivo de centros católicos también carga contra el decreto de admisión de alumnos, que “prioriza el criterio de cercanía sobre el proyecto educativo del centro o se discrimina en el criterio de hermanos a los alumnos de Bachillerato y FP de centros concertados y en el paso del alumnado escolarizado en aulas de 2 años, que en los colegios públicos en los que se ha implantado dicho programa experimental, con el consiguiente incremento del gasto público, se les permite acceder automáticamente a las aulas de 3 años, mientras que en nuestros centros a pesar de estar subvencionados con el Bono Infantil, se tienen que sujetar a los criterios de admisión, en clara discriminación con los alumnos de centros públicos”, concluyen.