Una posible filtración pone en duda la intención del Consell en su personación en el 'caso Cooperación'

El desvío de dinero público de los valencianos —destinado a priori a ayuda al desarrollo— a un entramado de empresas pantalla que lo dedicó a fines como la compra de inmuebles o artículos de lujo, por una cantidad estimada en torno a los 4 millones de euros, parece motivo más que suficiente para que el gobierno valenciano se personara en la causa judicial que lo investiga. Una causa que tiene como imputado más destacado (entre otros ahora ex altos cargos de la administración valenciana) precisamente al que fuera uno de sus consejeros en la pasada legislatura, el ahora diputado raso Rafael Blasco.

Sin embargo, la intención del Consell que sustenta el Partido Popular valenciano, quedó ayer en entredicho al revelar el diario Levante-EMV una posible filtración desde el mismo gobierno al diputado popular investigado, de uno de los informes solicitados por la juez que instruye la causa. El autor de la posible filtración habría sido el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, que entregó el informe a Blasco durante el pleno de presupuestos en el Parlamento autonómico, como quedó recogido por las cámaras que registraban la sesión.

El documento en cuestión sería, según la información de Levante y las fotografías que pudieron recoger su contenido, el realizado por el interventor general de la Generalitat solicitado por la juez que intruye el 'caso Cooperación', con el fin de determinar “la legalidad del adelanto del 100% de las subvenciones concedidas en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo”. El conseller Vela, como superior del interventor en el organigrama de la administración valenciana, podría haber tenido acceso al mismo y haberlo filtrado al imputado Blasco, que lo examinó por primera vez tratando de ocultarlo de la mirada de los curiosos ubicándolo sobre sus piernas.

La jueza ordena investigar

El asunto no parece menor, pues la jueza instructora del conocido como “caso Cooperación”, remitió ayer a la fiscalía la información publicada en prensa (que incluye imágenes de la transmisión de los documentos y del contenido de los mismos), por si pudiera existir responsabilidad penal en la actuación del conseller.

Tras conocerse los hechos, Vela evitó realizar cualquier aclaración de lo sucedido, aunque desde su consejería se lanzó un comunicado en el que se niega la posible filtración y se asegura que el 'caso Cooperación' “no es de la competencia” del conseller, que tiene “temas mucho más importantes en los que ocuparse”.

El que sí se vio forzado a hablar del tema fue el presidente del Consell, Alberto Fabra, que prometió que se investigaría lo sucedido y aseguró —mezclando asuntos— que la personación de la Generalitat en la causa se realizó “para poder garantizar que todo ese expediente está bajo sumario, o por lo menos tiene que estar bajo cuidado del juez, y no tiene que pasarse a través de ningún funcionario o ninguna persona que pueda ser de la Consellería”.

Cabe recordar que, pese a la gravedad de los hechos y del dinero público sustraído, la Generalitat no decidió personarse como acción particular en la causa hasta casi medio año después de que esta saltara a la luz en diversos medios de comunicación.

La oposición exige la destitución de Vela

Frente a la ambigüedad del Consell, la oposición en bloque reclamó la destitución del consejero. El portavoz del PSPV, Antonio Torres, exigió la dimisión “inmediata” del conseller o, en caso de no producirse, el cese del mismo por parte de Alberto Fabra, como consecuencia de “una actuación total y absolutamente irresponsable”, que —a su parecer— pone de relieve que “la Generalitat, que es la que tiene que defender los intereses” de los valencianos, “paradójicamente está colaborando con el imputado”.

En similares términos de manifestó el síndico de Compromís, Enric Morera, que incidió en la gravedad de “la colaboración encubierta con un presunto delincuente imputado”, al tiempo que apelaba a Alberto Fabra a “actuar rápidamente y dar explicaciones” sobre lo sucedido, en aras a dotar de credibilidad su postura frente a la corrupción. La diputada de EUPV Marina Albiol señaló que “el trapicheo de papeles en unas Corts llenas de presuntos delincuentes era lo que le faltaba para parecer una película de la mafia”. A su vez, destacó que el hecho de que Vela pasara —presuntamente— este informe a Blasco “en el pleno, delante de todo el mundo”, pone de relieve “la impunidad” con la que el PP valenciano actúa en esta geografía.

El desvío de dinero público de los valencianos —destinado a priori a ayuda al desarrollo— a un entramado de empresas pantalla que lo dedicó a fines como la compra de inmuebles o artículos de lujo, por una cantidad estimada en torno a los 4 millones de euros, parece motivo más que suficiente para que el gobierno valenciano se personara en la causa judicial que lo investiga. Una causa que tiene como imputado más destacado (entre otros ahora ex altos cargos de la administración valenciana) precisamente al que fuera uno de sus consejeros en la pasada legislatura, el ahora diputado raso Rafael Blasco.

Sin embargo, la intención del Consell que sustenta el Partido Popular valenciano, quedó ayer en entredicho al revelar el diario Levante-EMV una posible filtración desde el mismo gobierno al diputado popular investigado, de uno de los informes solicitados por la juez que instruye la causa. El autor de la posible filtración habría sido el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, que entregó el informe a Blasco durante el pleno de presupuestos en el Parlamento autonómico, como quedó recogido por las cámaras que registraban la sesión.