Señorías, prohibido buscar responsables

Ni los casos de bebés robados, ni el saqueo de los fondos de cooperación, ni el accidente de metro de 2006 -todavía rodeado de sombras-, ni la política de prevención de incendios de la Generalitat, ni los sobrecostes de las obras megalómanas, ni el hundimiento de la banca valenciana. Los partidos de la oposición registraron trece propuestas para que las Cortes Valencianas investiguen todos estos temas en los próximos meses. En las últimas 48 horas, el PP autonómico las ha rechazado todas.

Para justificar la ristra de negativas, los portavoces del grupo parlamentario del PP utilizaron tres argumentos principales. Con el fin de impedir que se hurgara en los casos de derroche público, explicaron que había que evitar el desprestigio de “lo valenciano”. Para evitar preguntas sobre los imputados por corrupción, clamaron por la presunción de inocencia. Finalmente, para mantener la oscuridad reinante sobre delitos de la dictadura y la transición, explicaron que eso es “labor de jueces y de historiadores”.

Por lo demás, los diputados conservadores encargados de salir a la tribuna a defender tales razonamientos echaron mano de todos sus recursos de oratoria. Hubo intentos de distracción del auditorio con ataques al adversario político - “radicales” y “faltos de proyecto”, espetó el popular Marí Olano a los diputados de la oposición- hasta el gesto enfadado y altivo de quien pretende aparentar que se siente ofendido por lo que oye - “no hay una superioridad moral de ustedes sobre nosotros”, se jactó el conservador Alfredo Castelló, después de defender la inocencia de los diez imputados de la bancada del PP-.

“No nos salgamos de lo nuestro”

La negativa más llamativa fue la de más actualidad: la referida a la comisión de investigación sobre el caso Cooperación. Se trata del presunto robo de unos cuatro millones de euros de dinero que debía ir destinado a la solidaridad, y que presuntamente acabó en manos de una red que operaba en torno a la conselleria de Ciudadanía. El caso ha provocado un terremoto político en el País Valencià porque el pasado martes fue imputado el ex titular del departamento, Rafael Blasco, un poderoso dirigente del partido que desde junio de 2011 ejercía la portavocía del grupo parlamentario. El pasado martes Blasco se convirtió, además, en el imputado número diez de la bancada conservadora, que tiene ya a casi un 20% de sus ocupantes investigados por corrupción.

El pleno de hoy ha sido el del desquite de la oposición contra el exomnipotente conseller. Las dos diputadas que destaparon sus presuntos delitos, Mireia Mollà (Compromís) y Clara Tirado (PSOE) han dedicado todo tipo de calificativos gruesos al político, que las escuchaba desde lo más profundo de su escaño, ligeramente doblado sobre sí mismo y moviendo nerviosamente los dedos. “Cobarde”, clamó Mollà; “¿son ustedes una banda de delincuentes o un partido político”, se preguntó Tirado.

El PP, sin embargo, se limitó a defender “la dignidad” de los imputados. Y a rechazar la comisión de investigación, labor que recayó en el diputado Alfredo Castelló, que obvió la distinción entre responsabilidad política y judicial cuando clamó por dejar todo el asunto en manos de los jueces: “Ustedes no están en su lugar”; “lo que deben hacer es dejar al poder judicial, que es el encargado de instruir”; “los jueces, no ustedes, son los que tienen en las manos las herramientas para investigar”; “no hagamos interferencias con ellos”. En resumen, y según el mismo diputado, “no nos salgamos de lo nuestro”.

Los bebés robados, cosa de historiadores

Otra de las comisiones de investigación que no llegarán a ver la luz es la de los casos de niños robados en el País Valencià entre 1940 y 1990. Compromís, EU y PSPV habían solicitado que Les Corts Valencianes tomara cartas en este asunto. El objetivo es, según Ester López Barceló, de EU, que el parlamento autonómico consiga que las instituciones presuntamente implicadas en estos delitos faciliten los documentos necesarios a las familias afectadas, que, según afirma la diputada, se encuentran una y otra vez con que la información se les oculta o llega hasta ellos falseada. “Por eso la Fiscalía archiva los casos. Porque las familias no pueden aportar ninguna documentación”, explicó.

“Las víctimas necesitan sentir que los poderes públicos están con ellas. Tienen que saber que los poderes públicos están por desenterrar losas y no por ponerlas”, afirmó Modesta Salazar, del PSOE. Mónica Oltra, de Compromís, acusó al PP de pretender proteger a “los apellidos” de las familias que pagaron por adoptar a los niños robados, y también a las instituciones religiosas sobre las que pesa la sospecha de haber robado niños a sus madres, como Casa Cuna (que, como recordó López Barceló, recibe cuantiosos fondos públicos de la Generalitat). Les recordó, además, que el robo de niños es un problema “de hoy, porque hoy siguen sufriendo las personas que no saben cuáles son sus raíces y convierten esto en el centro de su vida”.

La respuesta del PP fue la de intentar ridiculizar la iniciativa: “Nosotros nos tenemos que ocupar de lo que ocurre ahora. Y ustedes se tienen que preocupar de la gestión de hoy, no por lo que no sé quién realizó hace 55 años”, afirmó el diputado José Marí. El portavoz conservador lanzó la pelota al tejado del PSOE: “¿Por qué no propusieron las comisiones de investigación cuando gobernaban, ocho años después de la muerte del dictador?”. Marí concluyó que Les Corts no tienen nada que aportar a este asunto: “Esa investigación no la tienen que hacer las Cortes Valencianas, sino los jueces y los historiadores. Especialmente los historiadores, si son cosas de los años 50”.

El PP valenciano también aplicó el jueves su mayoría absoluta para rechazar comisiones de investigación sobre los sobrecostes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (según EU, ha costado de momento 1.300 millones de euros); sobre la situación de Bancaixa y Banco de Valencia, los incendios del pasado verano y sobre el accidente de metro de 2006. Los conservadores reprocharon a los partidos de izquierda que el orden del día del pleno se hubiera convertido en una lluvia de este tipo de peticiones. “La oposición se está saliendo del tiesto”, resumió el popular Alfredo Castelló.

Ni los casos de bebés robados, ni el saqueo de los fondos de cooperación, ni el accidente de metro de 2006 -todavía rodeado de sombras-, ni la política de prevención de incendios de la Generalitat, ni los sobrecostes de las obras megalómanas, ni el hundimiento de la banca valenciana. Los partidos de la oposición registraron trece propuestas para que las Cortes Valencianas investiguen todos estos temas en los próximos meses. En las últimas 48 horas, el PP autonómico las ha rechazado todas.

Para justificar la ristra de negativas, los portavoces del grupo parlamentario del PP utilizaron tres argumentos principales. Con el fin de impedir que se hurgara en los casos de derroche público, explicaron que había que evitar el desprestigio de “lo valenciano”. Para evitar preguntas sobre los imputados por corrupción, clamaron por la presunción de inocencia. Finalmente, para mantener la oscuridad reinante sobre delitos de la dictadura y la transición, explicaron que eso es “labor de jueces y de historiadores”.