A raíz de las informaciones surgidas en los últimos tiempos alrededor de la actuación del cogerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, Esquerra Unida y València en Comú, socios de PSPV y Compromís en el gobierno de la Diputación de Valencia solicitaron una reunión monográfica sobre la antigua Imelsa para expresar su malestar por cómo se está actuando y para mostrar su opinión sobre el camino que se tiene que seguir: la liquidación, asumiendo la Diputación los servicios y el personal de la empresa, especialmente las brigadas forestales.
Los diputados de Transparencia y Gobierno Abierto, y de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, Berto Jaramillo y Rosa Pérez Garijo, consideran que “después de todo el que ha pasado, el gobierno del cambio no puede caer en prácticas éticamente reprobables. A la vista de los hechos, Divalterra no tiene razón de existir”. Se da la circunstancia, además, que Rosa Pérez fue la denunciante del caso Taula, donde Divalterra (antigua Imelsa) fue uno de los centros de la presunta trama de corrupción del Partido Popular.
Jaramillo y Pérez Garijo no se limitan a “exigir responsabilidades” y creen que Divalterra tiene que ser liquidada. En opinión de ambos, “la gestión de la empresa pública estaba cuestionada antes y ahora, con el cambio de gobierno, continúa estando cuestionada, cosa que no nos podemos permitir”. Para ellos, “esto no supone que los servicios que estaban realizándose por parte de la mercantil dejen de realizarse”. De hecho, “estos últimos días hemos estado recabando información sobre la posibilidad de asumir el personal por parte de la corporación provincial, que es factible”, han afirmado.
Ambos diputados provinciales se han mostrado así de contundentes con sus socios de gobierno después de que los medios se hayan hecho eco de una serie de noticias relativas a los procedimientos de contratación y a las dietas con cargo a la empresa, coincidentes en el tiempo con la frustrada licitación de la asistencia jurídica para la personación de Divalterra en el caso Taula por un precio estimado de 623.250 euros (incluyendo el IVA) –que le acabó costando el lugar en la Jefatura de los Servicios Jurídicos, José Luis Vera–, y la posterior constatación que la empresa ya había contratado previamente dicha personación con una letrada por procedimiento negociado sin publicidad, abonándole 44.000 euros un año antes de hacerse efectiva la personación en la causa que está instruyéndose en el juzgado de instrucción número 18.
Para los representantes de los grupos minoritarios, “es difícil enderezar la gestión de una empresa viciada por una presunta corrupción sistémica, lo que no supone que EU y València en Comú pongan en cuestión la existencia de empresas públicas”, han concluido.